Uno de los reproches casi recurrentes del Tribunal de Cuentas hacia los ayuntamientos y, en general, las entidades locales (que incluyen también a diputaciones, consejos y cabildos insulares, comarcas, mancomunidades, etcétera) es que no respetan los plazos que les impone la legislación para presentar sus ... balances. En su última fiscalización anual, correspondiente al ejercicio de 2017 –las cuentas generales de cada año se presentan en octubre del ejercicio siguiente–, solo el 58% presentó sus números a tiempo. El problema es aún peor, pues al menos uno de cada cinco entre ese casi 40% de consistorios incumplidores deben las cuentas de varios años, algunos hasta tres.
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Ello, según se quejan los técnicos del tribunal, sin tener en cuenta que parte de la información que remiten está incompleta o incurre en una panoplia de anomalías. Por ejemplo, incluyen previsiones de ingresos «carentes de posibilidades reales de ser realizados», o bien modificaciones de crédito «sin financiación efectiva» e «insuficientes» para «atender el conjunto de obligaciones que se devenguen cada año».
Asimismo, el órgano fiscalizador ha detectado con relativa frecuencia una «falta de ajuste en la gestión de las posibilidades financieras reales» del ayuntamiento correspondiente, «con el consiguiente aumento del déficit y deuda». Para colmo, los ayuntamientos también incumplen otros preceptos reguladores de la Ley de Haciendas Locales.
Dos de cada tres entidades de este tipo comienzan su actividad anual con presupuestos prorrogados, de forma que solo un tercio de las corporaciones tiene en sus cuentas al día, en concreto el 30% en 2017. Todo ello, lamenta el tribunal, ha perjudicado el envío «regular» de información contractual, por lo que ha instado a los poderes públicos a «establecer medidas precisas para que el presupuesto» de las administraciones locales «constituya un auténtico elemento de gestión, planificación y toma de decisiones».
Pero la realidad es bien distinta. Ni siquiera se aprueban las liquidaciones presupuestarias a tiempo (antes del siguiente abril): el 31% lo incumplieron en 2017.
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