Todas las reclamaciones financieras de los usuarios irán a una sola autoridad

Según comentó la ministra portavoz Isabel Celaá en la rueda de prensa posterior a la reunión, este real decreto «omnibus» transpone tres directivas europeas y otros reglamentos, con plazo de transposición vencido y procedimiento de infracción abierto, y adapta el ordenamiento jurídico interno a algunas normativas comunitarias ya en vigor.

Una de las medidas más cercanas al ciudadano será la obligación de establecer un canal de denuncias anónimas por abuso de mercado en la CNMV, una cuestión «muy técnica pero que tiene muchísimo impacto en la vida de todos», aseguró Celaá. Esto significa que si hay abuso de mercado, valen las denuncias anónimas para proteger a los usuarios.

La ministra, que recordó que el plazo para transponer esta directiva venció en julio de 2016, también explicó el canal de denuncias en el Banco de España, dirigido a comunicar los incumplimientos de las entidades de crédito en materia de solvencia. Además, incorpora determinadas obligaciones de la CNMV y del Banco de España en materia de intercambio de información y se mejora la cooperación y coordinación entre distintas autoridades competentes de la Unión Europea.

Por su lado, la CNMV ya puso en marcha en enero a través de su página web un canal de comunicación de posibles infracciones de normas de ordenación y disciplina de los mercados de valores para garantizar la protección del informante y la calidad de la información recibida, como respuesta a las obligaciones contempladas en la normativa europea.

Además, el real decreto también incluye la transposición parcial de la directiva sobre servicios de pago en el mercado interior, cuyo plazo de transposición venció el pasado mes de enero. Su objetivo es crear un marco integrado de servicios de pago a nivel europeo y hacer frente a los nuevos retos y cambios planteados en los servicios de pago, en particular a los realizados con tarjeta, móvil y a través de Internet, para garantizar la seguridad de las transacciones.

Esto supone que se reduzca a 50 euros la responsabilidad del ordenante por las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas como consecuencia del robo o sustracción de un instrumento de pago, disminuyen los plazos de resolución de reclamaciones a 15 días y se refuerzan los requisitos de seguridad en la autentificación de clientes con el fin de evitar la suplantación de identidad o el robo de claves.