«Dar la razón a los afectados del IRPH es un grave trastorno», dice España a la UE

De momento el Tribunal Supremo español se ha posicionado a favor de la banca, mientras que la Comisión Europea lo ha hecho del lado de los afectados. Ahora, los magistrados comunitarios dilucidarán si existieron prácticas comerciales poco transparentes como las que condenaron las cláusulas suelo españolas.

En caso de que el IRPH acabe corriendo su misma suerte, se abriría una nueva grieta multimillonaria en el sistema financiero porque los perjudicados tendrían que ser compensados por los sobrecostes de sus hipotecas e, incluso, cabe la opción de un reembolso de todos los intereses con la única obligación para el cliente de enjugar solo el capital. El agujero podría llegar a 44.000 millones de euros. CaixaBank y Kutxabank son las dos entidades más afectadas. El banco vasco tiene 1.400 millones de euros en créditos ligados al IRPH repartidos en 15.000 hipotecas. Su daño podría ser de unos 470 millones.

Ese potencial impacto estuvo en la base de la argumentación del Reino de España. «Dar la razón a los afectados supondría un trastorno económico; las consecuencias serían muy graves»: pondrían en entredicho las hipotecas que se soportaron con este índice, además de «la buena fe» de las entidades que lo aplicaron.

Porque el IRPH es legal, determinado por el Banco de España, «un índice oficial que no lo elaboran los operadores de mercado, lo que lo hace objetivo y transparente». Otra cosa es el diferencial aplicado (ese 'mas x%'), que dependía de las propias entidades. Que tenga la paternidad de un banco central, se remarcó, era un aval. Y la abogada del Estado alertó del precedente que supondría declarar «abusivo y nulo el índice de un Estado miembro». Más aún cuando el argumento de los afectados es que la información fue insuficiente y que «la supuesta abusividad» deriva de hechos posteriores a la celebración del contrato: la bajada del euríbor a partir de 2009.

La base de este caso es una cuestión prejudicial planteada por un juzgado de Barcelona. El afectado denunció la opacidad de Bankia sobre las variables de este índice (que se apoya en la media de hipotecas realizadas en el mes anterior e incluye comisiones y otros gastos). En el escrito se estima que el perjuicio (frente a si se hubiera aplicado el euríbor) se movería entre 18.000 y 21.000 euros por préstamo.

El representante de Bankia negó ante los jueces de la Curia que se estrangulase la información a los clientes (algo que ha venido contradiciendo la Comisión Europea). Defendió que el diferencial siempre ha estado por debajo del que se aplicaba al Euríbor y que el IRPH no fue «nunca residual»: llegó a estar presente en el 34% de las hipotecas en 2001.

En línea con lo planteado por el Reino de España, el letrado de la entidad bancaria no dudó en remarcar que «si se cuestiona» la validez del IRPH, «se pone en riesgo el modelo económico de la Unión, el mercado común y el sistema financiero. Y todo porque al consumidor no le convenga en un momento dado».

En nombre de los afectados, el abogado guipuzcoano José María Erauskin deslizó que el problema de este índice es que nace para estar «siempre» por encima del euríbor ya que si esa referencia subía, también lo hacía el IRPH «porque elevaba la propia media de los préstamos». Pero, por contra, los retrocesos del euríbor «no tenían el mismo reflejo porque se compensaba el IRPH con la subida de comisiones, etcétera». Y de esa circunstancia se debería haber advertido a los afectados, incidió.

A preguntas de uno de los jueces, Erauskin rechazó que el objetivo del consumidor sea un índice de referencia a conveniencia, sino «uno que fluctúa con independencia de las partes, que sea una cuestión de suerte para los dos». Y el IRPH, concluyó, viene marcado por la actividad hipotecaria de las propias entidades.