Rajoy elige a Román Escolano como nuevo ministro de Economía

Con esta elección Rajoy recurre a un viejo conocido del PP y del propio Gobierno. De hecho, Escolano fue nombrado por este Ejecutivo como presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 2012, organismo dependiente del Ministerio de Economía que dirigía Luis de Guindos. Desempeñó ese cargo hasta 2014, cuando dio su salto al BEI en sustitución de la socialista Magdalena Álvarez. Pero además, Escolano fue desde 2000 hasta 2004 director del departamento de Economía del gobierno de José María Aznar.

Rajoy apuesta con este nombramiento por un perfil más técnico y de un corte poco mediático en comparación con otros nombres que se habían barajado, como el del ministro de Energía, Álvaro Nadal o la titular de Agricultura, Isabel García Tejerina. Además, el jefe del Ejecutivo logra limitar la crisis de Gobierno al único cambio obligado por la marcha de De Guindos.

Escolano (Zaragoza, 1965) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, con el número uno de su promoción. También ha sido asesor del secretario de Estado para las Comunidades Europeas, consejero de la Oficina Comercial de la Embajada de España en Tailandia y Asesor del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Asimismo también fue director de Relaciones Institucionales del BBVA (2006-2011) y miembro de los consejos de administración de Correo, FEVE y del Icex.

Entre los retos más inmediatos que tendrá que afrontar Escolano están varias normas financieras que preocupan a la banca. Entre ellas la nueva ley hipotecaria, que se está tramitando en el Congreso. También esta pendiente de tramitación y validación la transposición de la directiva Mifid II sobre la transparencia en la comercialización de determinados productos financieros.

Asimismo, deberá continuar con el proceso de privatización de Bankia y hacer frente a la demanda de una parte de antiguos accionistas del Banco Popular liderados por el mexicano Antonio del Valle que reclaman al Estado 470 millones por el "deficiente" proceso de venta al Santander que califican de "expropiación".