Primer visto bueno a la norma para hacer fijos a los interinos de cinco años

Tal y como estaba previsto, formaciones minoritarias como ERC y PNV han respaldado al PSOE y Unidas Podemos para que la iniciativa pudiera superar su primer trámite parlamentario y han allanado el camino para que cuando el proyecto llegue al pleno pueda aprobarse sin problemas.

Los representantes de los partidos que comparten el Gobierno han defendido un decreto que han liderado y que ha introducido varias puntualizaciones mediante enmiendas. Remarcan que es una iniciativa que tiene que ver la luz y que el parlamento no puede demorar porque, entre otras cosas, es necesaria para la llegada de fondos europeos. «Se ha intentado buscar la mejor solución posible», ha sentenciado el portavoz socialista, José Luis Aceves.

Vox se ha opuesto frontalmente a la norma y ha criticado la «hipocresía» por considerar que «ahonda en la inseguridad jurídica». Por ello, han presentado un recurso de inconstitucionalidad. El PP también se ha opuesto debido a la posible litigiosidad al no tener fijada la cantidad total de trabajadores a los que se dirige y han reprochado que no se haya contado con ellos para la negociación.

El decreto-ley que ahora cuenta con el camino despejado tiene el objetivo de reducir la alta tasa de temporalidad en las diferentes administraciones públicas. Casi uno de cada tres funcionarios es, hoy por hoy, interino y el Ejecutivo pretende que esta cifra se reduzca hasta un 8% en el corto plazo.

Los plazos que maneja el Ministerio encabezado por María Jesús Montero son ajustados. Antes de 2022 se espera que se aprueben las plazas que serán convocadas unos meses después con el objetivo de que el proceso pueda estar cerrado a finales de 2023 o principios de 2024. A los profesionales de la educación y la sanidad se les ampliará el plazo debido a la complejidad de los procesos en estos campos.

El decreto también implicará la supresión de la tasa de reposición y obligará a convocar las plazas antes de que transcurran tres años desde su ocupación temporal. El mismo no solo se aplicará a la administración central sino también a la autonómica y local, que sufren en mayor medida esta situación.