Los líderes europeos encallan en las medidas para limitar el precio del gas

La carta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sentó las bases de las discusiones energéticas. En ese documento, la jefa de Ejecutivo comunitario instaba a impulsar la plataforma de compras conjuntas de gas -que cuenta con el apoyo de la mayoría de Estados- y a establecer un tope para el gas usado para generar electricidad. Esta medida podría contar con más apoyos que la de establecer un límite a todo el gas importado a la Unión Europea (UE), algo que rechazan países como Alemania.

España, según reconoció el presidente Pedro Sánchez, «se reconoce» en las medidas propuestas de la Comisión Europea y celebra que cada vez sean más los países que están a favor de tomar «medidas ambiciosas». En ese sentido, aseguró que espera que la 'excepción ibérica', que «ha permitido ahorrar 2.600 millones a los consumidores españoles» se convierta en norma europea. Sánchez también tuvo ocasión de debatir con el presidente francés Emmanuel Macron sobre el proyecto del Midcat y se mostró positivo: «Creo que antes o después vamos a llegar a un acuerdo», aseguró. Los dos dirigentes podrán abordar las interconexiones ibéricas en una reunión a tres en París con el presidente portugés, Antonio Costa, y el dirigente galo antes de la cumbre de octubre.

Bélgica, Polonia, Italia y Grecia, por su parte, propusieron establecer un corredor de precios flexible, con un tope que se aplicaría a todas las importaciones de gas, independientemente de su procedencia y su uso. La medida, según detalla el texto, establecería un límite «suficientemente alto y flexible» para atraer el suministro hacia Europa y permitir comprar por encima de ese techo «si es necesario».

Esos umbrales se modificarían en función del nivel de suministro del continente. En situaciones de escasez o escasez potencial se revisaría ese tope y se permitiría aumentar ese precio límite en «un 5%», señala el documento. Ante una situación de desabastecimiento, estos países apuestan por llevar a cabo reducciones de demanda, medidas de solidaridad y redistribución entre los Estados miembro.

También llovieron críticas al paquete de ayudas de 200.000 millones de euros anunciado por el canciller alemán Olaf Scholz para amortiguar el golpe de la escalada de precios en empresas y hogares alemanes. Polonia ha destacado que «hay que parar el egoísmo alemán». Bruselas, por su parte, insistió en que las soluciones deben de ser comunes. «Debemos crear una base para que todos los países compitan al mismo nivel, preservando el mercado único y evitando la fragmentación. Es de extrema importancia», subrayó Von der Leyen.

En ese sentido, el Ejecutivo comunitario también se mostró dispuesto a dar más margen de maniobra a los Veintisiete, extendiendo el marco de ayudas estatales para apoyar a las empresas afectadas por la crisis energética. En principio se esperaba que este mecanismo estuviera en vigor hasta finales de año, pero Bruselas plantea aumentar los máximos de ayudas previstos y facilitar liquidez a las empresas energéticas.