UGT pide penalizar las bajas temerarias en contratos

Aprovechando la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Contratos Públicos –el Senado prevé aprobarla en octubre, aunque apenas se esperan ya enmiendas tras las introducidas en el Congreso–, UGT ha pedido que se penalicen las bajas temerarias en esas licitaciones. Hablamos de ofertas con costes inferiores a los del mercado, que luego suelen revelarse como «ineficientes económicamente» para la Administración.

El sindicato estima que ese tipo de propuestas bajistas, donde según las constructoras medianas los descuentos pueden llegar al 40% y resultan «difíciles de compaginar en términos de solvencia», terminan agravando la situación económico-laboral de las plantillas de las compañías contratistas. Por eso piden que se prohíban con la nueva ley en los casos de «temeridad!, además de garantizar unas condiciones de trabajo «dignas».

Para ello UGT demanda que en los pliegos de las adjudicaciones se incluyan cláusulas de estabilidad, tanto en empleo como en salarios, a cumplir por las empresas ganadoras durante la duración del contrato. No obstante, también «exige» que los costes laborales puedan repercutir «sin límite» en la revisión de precios de las concesiones.

Además, solicitan concretar más la figura de la subrogación y la sucesión empresarial, a fin de garantizar la estabilidad en el empleo del servicio u obra a licitar. Con ello, argumentan, se evitarían conflictos laborales posteriores que terminarían repercutiendo en los plazos del trabajo o en la prestación del mismo, con las consecuencias negativas que ello ocasionaría en la Administración y los usuarios.

El Ministerio de Fomento ya empezó a vetar hace meses las ofertas temerarias en sus concursos, aunque distinguiendo de las bajistas. La Ley de Contratos establece en un 10% la diferencia de precio a partir de la cual una propuesta económica se encuadra dentro del primer supuesto citado y, por tanto, se rechaza.

No obstante, los órganos y empresas públicas dependientes del departamento que dirige Iñigo de la Serna vienen aplicando ahora un criterio más restrictivo, permitiendo solo un descuento máximo del 5% e incluso dejando el promedio en la mitad, en torno a un 2,5% en sus contratos, fundamentalmente de obras públicas.

Además, la futura normativa contractual en el sector público –que entraría en vigor desde el 1 de enero de 2018- prohibirá conceder a las empresas adjudicatarias indemnizaciones por expectativas de mercado no cumplidas, por ejemplo, como ocurrió con algunas autopistas de peaje o el yacimiento Castor.

Con ello se busca dificultar la asunción de responsabilidades por parte de la Administración pública ante proyectos fracasados, y posibles quiebras (concursos de acreedores) de las compañías contratistas o de las sociedades creadas por ellas para gestionar esos proyectos.