El gasto en pensiones se dispara un 5% con la nueva revalorización

Es habitual que esta factura marque cada mes un nuevo récord porque el número de pensionistas aumenta progresivamente y la cuantía media también se eleva con la entrada de los nuevos jubilados, pero en este caso el incremento de casi el 5% supera en dos puntos el que se venía registrando desde 2014. Y es que la reforma de las pensiones que aprobó en 2013 de manera unilateral el Gobierno de Mariano Rajoy consiguió contener el gasto de la Seguridad Social hasta el punto de reducir a casi una tercera parte su incremento mensual: pasó de un crecimiento del 8,5% en 2008 al 3% en 2014, entorno en el que estuvo los últimos cuatro años. Esto fue posible al mantenerse las prestaciones cuasi congeladas desde entonces, puesto que con la nueva norma entró en vigor el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) mediante el cual solo subirían el 0,25%, el mínimo legal, mientras las cuentas siguieran en números rojos, algo que por el momento no tiene visos de conseguirse a corto plazo salvo que se tomen medidas.

Sin embargo, el pacto presupuestario alcanzado por el anterior Gobierno del PP y el PNV rompió esta norma y estableció una subida de las pensiones del 1,6% para 2018, que se eleva hasta el 3% en el caso de las mínimas, SOVI y no contributivas, una decisión para la que pesaron unas movilizaciones sin precedentes. Esta segunda revalorización del año se actualizó por fin en la nómina de agosto -al haberse aprobado finalmente los Presupuestos a finales de junio- y, además, el pasado 27 de julio, los mayores recibieron una paga 'extra' con los atrasos derivados de los siete primeros meses.

Éstas son, por tanto, las razones de que el gasto de pensiones se haya disparado un 5% en agosto y que se resumen en una: la cuantía media se ha incrementado por encima de lo que lo había hecho los últimos cuatro años. De esta forma, la pensión media del sistema (que comprende jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) superó por primera vez la barrera de los 950 euros mensuales (concretamente ascendió a 956,42 euros) tras incrementarse un 3,71% respecto a un año atrás y, de igual manera, la de jubilación sobrepasó los 1.102 euros, lo que supone un avance interanual del 3,46%.

Además, en la próxima factura se reflejará la subida del 7,7% de la pensión a unas 400.000 viudas sin otros ingresos después de que el Gobierno aprobara que la base reguladora para el cálculo de esta prestación se elevara del 52% al 56%.

Podría ser que ésta no fuera la última revalorización del año si finalmente llegara a materializarse el preacuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos en el que se comprometen a subir las pensiones conforme al IPC real para que en ningún caso haya pérdida de poder adquisitivo. Así, si finalmente la inflación terminara el año por encima del 1,6%, el Gobierno deberá abonar a los pensionistas una segunda paga extraordinaria que comprenda los atrasos de todo el año pasado. Y todo apunta a que así será, puesto que los precios subieron un 2,2% en julio y la estimación del Ejecutivo está en un alza del IPC del 1,9%. Por tanto, siempre que este pacto dé frutos, a principios de 2019 los mayores recibirán una nueva nómina en la que se les compensen esas décimas de diferencia, lo que volvería a inflar la factura de las pensiones. Y es que por cada décima que se revaloricen, el gasto crece en algo más de 100 millones (la horquilla oscila entre 110 y 120 millones), según fuentes próximas al Ejecutivo.

A este respecto, el PSOE ofreció ayer al resto de grupos parlamentarios negociar medidas con relación al sistema público de pensiones de cara a aprobar cambios en los próximos Presupuestos de 2019. Así lo manifestó la portavoz socialista en la comisión del Pacto de Toledo, Mercè Perea, durante la Diputación Permanente. «Ahora toca recuperar la confianza. El IPC es un primer paso, medidas en el próximo Presupuesto es lo que se tiene que negociar, y ahí es donde tenemos que estar todos», defendió la diputada catalana.

Para Perea, es necesario «recuperar la confianza» de los ciudadanos en esta materia y para ello existen a su juicio «dos prioridades»: la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones, algo para lo que el Gobierno anunció que irían encaminadas sus «primeras decisiones», y la adopción de medidas complementarias para hacer frente a los problemas de ingresos que tiene la Seguridad Social.