El sistema de pensiones, a la cola mundial al suspender en sostenibilidad

De no tomarse medidas, esta sostenibilidad irá a peor, ya que cada vez habrá más pensionistas, con mayor esperanza de vida y con unas prestaciones más generosas, ahora además ligadas por ley al IPC, lo que incrementará significativamente un gasto ya de por sí disparado. De hecho, revalorizar las prestaciones el año que viene con la inflación tendrá un coste de unos 3.700 millones, gasto que se irá acumulando y creciendo exponencialmente, según un reciente informe del Instituto Santa Lucía.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se ha afanado desde que llegó a su cargo hace ya más de año y medio en proclamar a los cuatro vientos que el sistema público de pensiones es «bastante sostenible» y que solo necesita unos «pocos ajustes».

Sin embargo, mucho tienen que cambiar las cosas, porque España se sitúa a la cola de los países desarrollados en la sostenibilidad económica de su sistema de pensiones, es decir, en su capacidad de financiación y suficiencia de recursos para generaciones futuras. Así lo indica la última edición del Índice Global de Pensiones Mercer CFA Institute, que evalúa las fortalezas y debilidades de 43 sistemas de pensiones de todo el mundo.

España suspende estrepitosamente, con una nota muy lejos del aprobado, de apenas 28,1 puntos sobre 100. Solo cuatro países de los 43 analizados sacan peor calificación: Italia, Brasil, Austria y Argentina. Por el contrario, a la cabeza en tener un sistema económicamente equilibrado están Dinamarca, Islandia y los Países Bajos, todos con una puntuación superior a 80.

Así pues, una de las grandes asignaturas pendientes de España es alcanzar este equilibrio presupuestario en pensiones. Para Escrivá, el mecanismo más potente para reforzar la sostenibilidad del sistema son todos los incentivos voluntarios para que la edad efectiva de jubilación se aproxime a la edad legal.

Sin embargo, la primera fase de la reforma que está pendiente de ratificarse en el Congreso contempla una serie de medidas para ello, como penalizaciones a la jubilación anticipada y premios a la demorada, que, sin embargo, no supondrán ningún ahorro en las arcas de la Seguridad Social, según consta en la memoria económica del proyecto de ley. Al contrario, podría suponer otro extra si los trabajadores decidieran retrasar unos meses su jubilación, al contar con un incentivo mayor. Sí contribuirá a reducir el déficit del sistema el que los gastos impropios se paguen vía impuestos, pero esto en realidad lo que hace es trasladar el problema a otra parte.

Para tratar de tener un colchón para las próximas décadas, cuando comenzará a jubilarse masivamente la generación del 'baby boom', Escrivá ha diseñado un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que sustituye al derogado factor de sostenibilidad y que implica una subida de cotizaciones de 0,5 puntos de 2023 a 2032, aunque aún está pendiente de negociar con los agentes sociales y es susceptible de cambios.

Esto no contribuirá a contener el gasto, pero permitirá llenar la 'hucha' de las pensiones con más de 20.000 millones extra en la próxima década, según cálculos realizados por algunos expertos a este periódico. Sin embargo, esta cantidad difícilmente será suficiente, ya que en la actualidad pagar las nóminas de los casi nueve millones de pensionistas supone un desembolso de más de 10.250 millones, por lo que no cubriría ni dos mensualidades.

Hará falta, pues, que en la segunda fase de la reforma, que ha de realizarse a lo largo de 2022, se pongan en marcha otras medidas para insuflar ingresos al sistema y garantizar su viabilidad, entre las que figuran el nuevo sistema de cotización de los autónomos por ingresos, la subida de las bases máximas de cotización o incluso se deja la puerta abierta a una ampliación del periodo de cálculo de las pensiones. Algo que, no obstante, genera un fuerte rechazo por parte de ciudadanos, sindicatos y muchas fuerzas parlamentarias.

Frente a este suspenso, España logra dos notables en los otros dos factores que se analizan en este índice Mercer: obtiene 72,9 puntos sobre 100 en adecuación (cuantía de la pensión acorde al coste de vida) y un 78,3 en integridad (regulación adecuada del sistema público y privado de pensiones). Y es que, efectivamente, el sistema público español destaca por la generosidad de sus pensiones, ya que tiene una de las tasas de sustitución (medida como la primera pensión recibida entre el último salario cobrado en la vida laboral) más elevadas.

Se sitúa en el 77% -según datos del Instituto de Estudios Económicos (IEE)- a partir de la última referencia de Comisión Europea, mientras que la media de los países de la Unión Europea cae al 46,2%. Gracias a que España ha mejorado en sus índices de integridad y adecuación, ha subido en el índice global de calidad del sistema de pensiones de Mercer hasta el puesto 24, dos más que en 2020. Aún así, lastrado por sus sostenibilidad, su gran asignatura pendiente, permanece en la mitad inferior de la tabla que conforman 43 países y que está liderado por Islandia.

Para mejorar su puntuación, el estudio recomienda incrementar el apoyo a clases envejecidas más desfavorecidas, implementar la incorporación automática a planes de pensiones de empresa (similares a los aplicados en Reino Unido) y facilitar incentivos fiscales para ellos o aumentar la edad de jubilación.