Los riesgos estructurales del sistema de pensiones públicas de España

España es uno de los países donde la crisis de las pensiones va a golpear primero, y con más fuerza. Ya antes de la pandemia exhibía un conjunto de factores que la hacían destacar entre todos los países desarrollados por la gravedad de la situación de su sistema de pensiones públicas:

1. De acuerdo a la esperanza media de vida, España es uno de los países más viejos del mundo (82,4 años). Si esto, ya de por sí, pondría en peligro el sistema, hay que combinarlo, además, con una de las tasas de fertlidad más bajas del mundo. De modo que cada vez hay más personas mayores cobrando pensiones durante más años, mientras cada vez llegan menos jóvenes al mercado laboral para pagar estas pensiones en un sistema de reparto como el español.

2. España tiene una de las más bajas tasas de empleo (número de personas trabajando como porcentaje de las personas en edad de trabajar) de los países desarrollados. Esto implica que un porcentaje muy bajo de personas, de una población que decrece, trabaja para mantener a las personas mayores.

3. Los fondos que España tiene reservados para pagar las pensiones futuras son muy escasos. Según datos de la OCDE, España tiene solo una fracción de los activos en pensiones que tiene Holanda, Suiza, el Reino Unido o Estados Unidos: el 9,5% de su PIB, comparado con un promedio del 60% para el conjunto de países desarrollados.

4. Los tipos de interés en Europa han caído a cero, con lo cual, los activos invertidos en pensiones no obtienen retornos.

Si la situación ya era dramática antes, al llegar la pandemia y dispararse el paro España ha visto agravarse todos los problemas enumerados. Así pues, era urgente una respuesta pública.

El pacto alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales permite dar algunos pasos para paliar los efectos de la venidera crisis de las pensiones porque:

Retrasa la edad de jubilación, que en 2027 llegará a los 67 años.

Introduce fórmulas complejas para desincentivar el acceso a la jubilación anticipada y para premiar a las personas que optan por trabajar (y cotizar) más años.

Amplía, además, algunos de los periodos de cotización para alcanzar la pensión completa.

Separa las fuentes de financiación del sistema para intentar frenar el agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Todos estos cambios son positivos y bienvenidos.

Pero la reforma acordada también da algunos pasos atrás.

Recupera el compromiso de ajustar las pensiones con el IPC, una medida que muchos expertos creen que es innecesaria, porque las personas mayores no gastan en los mismos bienes y servicios que figuran en el índice de precios al consumo general.

Así, habría sido mejor desarrollar un IPC específico para los pensionistas y comprometerse a subir las pensiones con la inflación que sufre este colectivo en concreto.

Además, deroga, hasta 2023 como mínimo, la aplicación del factor de sostenibilidad que muchos países utilizan para ajustar las pensiones a la baja cuando la esperanza de vida de la sociedad aumenta. Este es un ajuste impopular, pero necesario si se quiere que el sistema tenga alguna posibilidad de sobrevivir.

Siempre es positivo dar algún paso hacia adelante. Pero en el caso de España, con las pensiones, la crisis promete ser de tal magnitud que haría falta implementar cambios más radicales. Si no hay una relación estrecha entre los años que se trabaja y cotiza formalmente y la pensión que se cobra, la brecha entre los fondos que se necesitan y las contribuciones que se reciben va a ser cada vez mayor.

No es un accidente que España tenga indicadores tan alarmantes en materia de pensiones. El país ha cuidado muy poco el equilibrio entre las prestaciones sociales y los factores que incentivan a la gente a trabajar formalmente y a crear empleo y riqueza.

Los programas sociales españoles pueden desincentivar el trabajo: desde el Ingreso Mínimo Vital al mal diseño del subsidio de paro, pasando por programas como el PER y las pensiones no contributivas.

También están los siempre comentados obstáculos burocráticos y la alta presión fiscal sobre el contribuyente medio, que castigan al trabajador, al empresario, y al innovador.

Además, habría que ir a la raíz del problema del empleo español, el paro, para salvar el sistema de pensiones. También se podría ligar la pensión al número de hijos (como ya hacen algunos países), incentivando a la vez la natalidad en un país donde los jóvenes escasean.

Se tendría que dar incentivos para que las personas invirtieran en sus propios ahorros en planes de pensiones privadas. Paradójicamente, en 2021 se han reducido las mejoras fiscales cuando en España escasean las formas de ahorro para la jubilación.

Un sistema de pensiones y el estado de bienestar en general no pueden sobrevivir si no se sostienen sobre la base de una población muy amplia que trabaja y cotiza formalmente.

Hay que mantener este principio siempre a la vista e ir a aplicar reformas más profundas y generales para poder evitar en el futuro una vuelta al problema de la pobreza entre los ancianos.

Este artículo ha sido publicado por The Conversation.