Las recomendaciones del Pacto de Toledo se aprueban por amplía mayoría

Solo Vox rechazó de forma categórica este texto que ha sido consensuado durante cuatro largos años por los representantes de los principales partidos políticos y que en las próximas semanas llegará al Congreso para su aprobación. «Este borrador es un engaño a los españoles sobre la sostenibilidad del sistema que cualquier partido responsable está obligado a votar 'no'. Y Vox es un partido responsable», explicó el portavoz de esta formación, Pablo Sáez. Considera que este texto se ha «elaborado de espaldas de la situación de las cuentas públicas y de la estimación económica en el corto plazo», y que «no resuelve el déficit de la Seguridad Social, sino que lo traspasa a la Administración central». Entre las «ausencias significativas» de las que adolece este documento, destacó que no existe una recomendación específica sobre políticas de fomento de la natalidad, aunque sí de la inmigración. «Este sistema no se sostiene y por desgracia veremos pronto las consecuencias y serán graves», denunció en rueda de prensa el portavoz del grupo en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

Además del voto en contra de los cinco diputados de Vox, ha habido dos abstenciones, las de los partidos independentistas EH Bildu y ERC. El portavoz vasco Iñaki Ruiz de Pinedo esgrimió que este documento adolece de «ambigüedad» e «indefinición» y «no recoge algunas propuestas que son fundamentales», por lo que anunciaron que presentarán votos particulares con la «esperanza» de que en la próxima ley algunas de estas exigencias sean recogidas. Entre ellas, rechazaron la progresiva ampliación del periodo de años cotizados a 37 años, exigieron el derecho a cobrar el 100% de la pensión de los trabajadores con más de 40 años cotizados y propusieron que el alargamiento de la edad legal de jubilación por encima de los 65 años sea voluntario y no obligatorio.

También presentará votos particulares ERC, partido que hasta ahora había votado en contra de las dos primeras renovaciones pero que esta vez se abstuvo. Lo hicieron porque es un texto distinto al de febrero de 2019 que incorpora «muchos puntos esenciales», pero que a su vez «debilita» el sistema de reparto. Por eso, Jordi Salvador dejó claro que continúan siendo «muy críticos» con esta comisión que «acepta pasivamente el saqueo» del Estado a la Seguridad Social», lo que «ha servido para recortar pensiones y generar incertidumbres».

Por su parte, Ciudadanos respaldó con sus votos esta tercera actualización de las recomendaciones aunque mostró su «preocupación» por haber puesto «en cuarentena» el principio de contributividad. Anunciaron así que presentarán un voto particular a este respecto, pero también otro para fomentar la jubilación activa sin penalizaciones y otro más de cara a sentar las bases de un verdadero sistema de previsión social voluntaria en el que por defecto estén adscritos todos los trabajadores, al estilo de la 'mochila austríaca'.

El PP votó finalmente a favor de este texto que pone punto final al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y, de hecho, ni siquiera anunció votos particulares. Sin embargo, su portavoz, Tomás Cabezón, exigió que no se derogue la reforma laboral de 2012 y se sumó además a la petición de Ciudadanos y de otras formaciones como Junts Per Cataluña y el PNV de fomentar el segundo pilar del sistema de pensiones (los planes de empleo de empresas), «pero no a costa del tercer pilar» (planes individuales).