Las prejubilaciones mejorarán para todos si se retrasan dos meses

El nuevo esquema de coeficientes reductores no será, por tanto, tan letal como se temía en un principio después de los últimos cambios que se están estudiando a petición de los agentes sociales. Así, en primer lugar, las jubilaciones anticipadas involuntarias en ningún caso tendrán un mayor recorte e incluso la mayoría se verá beneficiada con el nuevo modelo. Esta era una de las exigencias de los sindicatos, más cuando se está viviendo una avalancha de despidos colectivos a consecuencia de la pandemia y de la digitalización.

Además, se han ampliado los colectivos que se regirán por los coeficientes reductores de la prejubilación involuntaria, ya que no solo van a entrar los despidos individuales o colectivos, sino también otras fórmulas de extinción de contratos, como los que se hagan por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por movilidad geográfica, por incumplimiento grave del empresario o por fallecimiento de este.

Asimismo, podrán acogerse todos los que estén cobrando el subsidio para mayores de 52 años, aunque sea por despido disciplinario. «Hemos discutido y negociado los colectivos que no tienen margen de maniobra, para que en ningún caso se vean perjudicados», explican estas fuentes.

Esto significa, por tanto, que el número de personas que accedan a la voluntaria se va a reducir significativamente. Además, en la mayoría de los meses se rebajan las penalizaciones actuales y esta reducción es mayor cuanto más larga sea la carrera de cotización. Así, los que se retiren antes solo con retrasar un par de meses su jubilación van a mejorar sus coeficientes respecto a ahora, lo que va a provocar que efectivamente la edad real de retiro se retrase. «Solo hay elementos de desincentivos en el mes 24 y 23, pero son muy limitados y manejables», apuntan.

Sí es verdad que los más damnificados son aquellos que cotizan por encima de la pensión máxima, por más de 2.707 euros al mes, puesto que con el nuevo modelo los coeficientes reductores se aplican sobre la pensión y no sobre la base reguladora. Este colectivo supone entre un 9% y un 15% de los que se jubilan cada año. No obstante, el Gobierno y los agentes sociales están trabajando en una batería de medidas, como un periodo de carencia o una cláusula de salvaguarda, para garantizarles que si retrasan un poco su retiro les mejorará la pensión y, si no, en ningún caso tendrán una pensión inferior a la que tendrían con las condiciones actuales. Para ello también los coeficientes reductores se elevarán a lo largo de un periodo de doce años y de forma simultánea a la subida de la pensión máxima, de forma que siempre el primer efecto, la aplicación del coeficiente, sea inferior al segundo, la subida de la pensión máxima.