Los pensionistas salen a la calle y mantienen su pulso con el Gobierno

Los más de 15.000 manifestantes, según cifras de la delegación de Gobierno, exigieron acabar con la brecha de género en salarios y otras prestaciones. «Las pensiones de miseria tienen rostro de mujer», rezaba una de las principales pancartas que han recorrido el centro de la capital.

Entre sus reivindicaciones, que prevén extender en un otoño caliente para el Ejecutivo, también está la de exigir que la pensión mínima se equipare al Salario Mínimo Interprofesional (actualmente, 1.000 euros mensuales), así como que no se penalice la jubilación voluntaria anticipada.

La protesta, que arrancó a mediodía en la Plaza de Neptuno para terminar en Callao, es el primer paso de una movilización general que los convocantes tienen previsto realizar en noviembre en los pueblos y comunidades.

Entre las diferentes plataformas convocantes se encuentran organizaciones de pensionistas de Galicia, Andalucía, Extremadura, Madrid, y País Vasco, esta última una de las delegaciones más numerosa al fletar un total de 10 autobuses para llegar a la manifestación. También se encuentran entre los convocantes la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), la Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar (Asjubi40) y la Confederación General del Trabajo (CGT).

«Seguiremos en la calle hasta revertir las contrarreformas que nos están imponiendo, acabar con la brecha de género en salarios y pensiones, eliminar la penalización a las pensiones anticipadas con largas carreras de cotización, recuperar los derechos perdidos en las sucesivas reformas laborales y de pensiones, generar un reparto equitativo de la riqueza y mejorar y garantizar servicios públicos y comunitarios universales y de calidad», advierten los convocantes.

No obstante, y según consta en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, las pensiones subirán en 2023 un 8,5% al aplicar la norma que liga su revalorización al IPC. Hay que tener en cuenta que esta cifra está sujeta al dato definitivo de la inflación de noviembre, que es con el que se calcula la media anual. Pero la subida rondará ese porcentaje para todas las pensiones.

Según las estimaciones iniciales, el próximo ejercicio el Estado destinará 190.687 millones de euros al pago de estas prestaciones, cerca de un 42% de todo el presupuesto. Se trata de un porcentaje histórico tras un pago extra de casi 19.550 millones de euros respecto a 2022. No obstante, ese gasto no se debe solo a la mayor revalorización, sino también por la incorporación de nuevos pensionistas al sistema.

Ante esta situación, el Gobierno defiende que queda margen para aplicar su política en este segmento. De hecho, tal y como adelantan desde el Ejecutivo, el déficit de la Seguridad Social se reducirá este año hasta el 0,5%. Y la previsión es que se mantenga en esa línea en 2023 gracias a la mayor recaudación por la buena marcha del empleo.

Además, el Estado tiene previsto elevar sus transferencias corrientes al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social en unos 2.540 millones de euros para dar cobertura a la subida de las pensiones contributivas, no contributivas y a la prestación para el cuidado del menor.