Ligar las pensiones al IPC y retrasar la vida laboral, claves de la reforma

Las medias aprobadas eliminan los aspectos más polémicos de la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que aún no está definido y que Gobierno y agentes sociales deberán tener listo en los próximos meses.

Un mecanismo que los sindicatos esperan una «definición adecuada y no restrictiva» y «bien distinta de la que tenía el derogado factor de sostenibilidad». Las organizaciones CC OO y UGT celebraron la aprobación del proyecto de ley y en un comunicado conjunto señalaron que es «un paso importante», pero que debe ir seguido de un nuevo acuerdo que aborde asuntos que han quedado «pendientes» en la primera fase, «garantizando la suficiencia y mejora de las pensiones con su necesaria sostenibilidad, en el marco de un amplio consenso político y social».

A continuación, las claves de la primera parte de la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno:

Cada año se incrementarán las pensiones el 1 de enero de acuerdo con la inflación media anual (IPC) registrada el ejercicio anterior. Se acaba así con la 'paguilla' que se daba a los pensionistas cuando la inflación superaba el incremento aprobado a comienzos de año. En el caso poco frecuente de que hubiera un IPC negativo, las pensiones quedarán inalteradas.

Además, cada cinco años se hará una evaluación de los efectos de esta revalorización con la inflación del año anterior para comprobar si se mantiene el poder adquisitivo y la suficiencia económica de los pensionistas.

Otra de las novedades son los coeficientes reductores por jubilación anticipada. La reducción se aplicará sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora, lo que afecta especialmente a las pensiones más altas, aunque será progresiva a lo largo de diez años. La norma establece que se retrasa su aplicación hasta 2024 para aquellos que estén cotizando por encima de la pensión máxima.

Por otra parte, los coeficientes pasan a ser mensuales -ahora son trimestrales- ya que, según los cálculos del ministerio, es un sistema más favorable en la mayoría de los casos. El mayor castigo lo sufriría una persona que se jubila a los 63 años con menos de 36 años y 6 meses, pues se pasaría de un 16% actual de reducción a un 21%.

Asimismo, se prohíbe que los convenios colectivos puedan obligar a los trabajadores a jubilarse antes de los 68 años, aunque se permite este límite a la edad legal de jubilación en aquellas actividades donde la representación laboral de las mujeres sea inferior al 20% y sea una mujer quien sustituya al recién jubilado.

Para aquellos que retrasen su retiro más allá de la edad legal de jubilación, el proyecto de ley incorpora un 'premio' a elegir entre elevar un 4% la cuantía de la pensión por cada año completo que retrase la jubilación o recibir ese importe en un pago único al retirarse. Un 'cheque' que dependerá del importe de la pensión y de los años cotizados, pero que oscilará entre los 4.786 euros y los 12.060 euros.

Para reforzar la estructura de ingresos del sistema de pensiones se establecerá una transferencia del Estado a la Seguridad Social en la propia Ley de Presupuestos Generales. De esta forma se culminará con la separación de fuentes de financiación en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo.

Además, la reforma contempla la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, con el compromiso de presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses. Y la llamada 'cláusula de salvaguarda' se mantiene en su regulación actual con carácter indefinido.

El anteproyecto deroga definitivamente la reforma aprobada en 2013 por el Gobierno del Partido Popular, que no obtuvo consenso político ni social. El anteproyecto deroga la aplicación del factor de sostenibilidad, que entraba en vigor en 2023 y que recortaba la pensión de jubilación en función de la esperanza de vida para hacer frente al mayor gasto que va a suponer para el sistema la incorporación de las generaciones de los 'baby boomer' (nacidos en los años sesenta y setenta del siglo pasado). Pedro Sánchez anunció a primeros de julio que se sustituirá por un mecanismo de «equidad intergeneracional».