Los empresarios reclaman algún ajuste tras ratificar el pacto por las pensiones

Con esta mención, la CEOE insiste en la necesidad de introducir algún tipo de ajuste en las nuevas pensiones, en función de las variables que la negociación determine. El del factor de equidad es una de las cuestiones que se han dejado apartadas del texto que el lunes acordaron Ejecutivo y diálogo social, para su negociación en los próximos meses, antes del 15 de noviembre.

En cualquier caso, la patronal ha ratificado el texto del acuerdo para reformar el sistema de pensiones. Lo hizo, además, por unanimidad de todos sus miembros, sin que públicamente hayan mostrado reticencias a un acuerdo sobre el que la oposición comenzó a arremeter por lo que consideran que es un texto insuficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema

Horas antes de esa reunión, el presidente de la patronal madrileña (CEIM), Miguel Garrido aplaudía el acuerdo, aunque lo veía insuficiente y defendía que «las medidas en profundidad están por llegar». Para Garrido, ofrece soluciones «a algunos aspectos» pero «desde luego no con la profundidad que se requiriere para conseguir que en el futuro podamos tener un sistema que sea sostenible y que sea pagable», además de satisfacer las necesidades de las personas que se jubilan y que también «nos lo podamos permitir el resto de los ciudadanos». «Yo creo que se da un paso para conseguir alargar la edad de jubilación real, pero creo que las medidas en profundidad están por llegar», indicó.

Por su parte, Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Fiscal (AIReF), coincidía con quienes piensan que la reforma de las pensiones es un documento incompleto para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. «Es una reforma compleja con numerosos componentes pendientes de definición», expuso durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados. En su intervención, y sin referirse explícitamente a la primera parte de la reforma, Herrero sí dejó claro que cualquier medida del Gobierno que implique un aumento del gasto requerirá de una compensación. Por ejemplo, reduciendo otras partidas del gasto. Según las estimaciones que la AIReF hizo en mayo, y que Herrero volvió a recordar ante el Congreso, ligar la subida de las pensiones al IPC situaría la deuda del Estado en el 165% del PIB en 2050. «Si añadimos la eliminación del factor de sostenibilidad, el dato se iría al 175%», advirtió.

Las críticas más directas han llegado desde los partidos de la oposición. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, exigió la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para que concrete sus planes para el sistema público de pensiones, considerando que los acuerdos «son anuncios, pero no reformas». Gamarra lamentaba que «la mayoría» de las medidas «no se concretan en absoluto, sino que se posponen». «Y no sabemos para cuándo», puntualizó.

Por su parte, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, calificó de «ejercicio de trilerismo y ficción contable» la reforma para el sistema público de pensiones acordada por el Gobierno con los sindicatos CC OO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme y ha anticipado «durísimos recortes» en el futuro.

Incluso una parte del arco parlamentario que apoya al Gobierno le ha advertido de que no de pasos en falso que puedan acabar con la retirada de sus votos en el Congreso. El grupo parlamentario En Comú Podem admite su «inquietud» por la mención a un 'factor de equidad intergeneracional' y ha avisado de que estarán «vigilantes» sobre su formulación, pendiente de negociar.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró«razonablemente satisfecho» con el pacto al afirmar que «no hay ninguna posibilidad de que se pierda poder adquisitivo».