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El impacto que dejará esta pandemia en las cuentas de la Seguridad Social se prevé histórica. Si el sistema ya arrastra por octavo año consecutivo un déficit más de 16.800 millones en 2019, podría elevarse hasta los 38.000 millones en el mejor de ... los escenarios, según un informe reciente de la Airef. Los ingresos se desploman por la destrucción de cerca de un millón de empleos al mismo tiempo que los gastos aumentan a consecuencia de medidas de protección como los ERTE o el cese de actividad para los autónomos. Por ello, el Gobierno aprobó ese martes un crédito al sistema de hasta 16.500 millones ante el agujero que este virus puede dejar. Así lo anunció en rueda deprensa la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien explicó que ha sido necesario este crédito para pagar prestaciones como las del cese de actividad de los autónomos o las bajas laborales por motivos de aislamiento.
Más concretamente, este crédito se divide en dos un préstamo extra de 14.002 millones de euros a la Seguridad Social para el pago de las pensiones, para hacer con el que hacer frente a los desequilibrios que provocarán los menores ingresos, y otro de hasta 16.500 millones para ayudar a pagar las prestaciones de los más de 3,4 millones de trabajadores afetados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), con el objetivo de asegurar que el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) tenga los recursos suficientes para el abono de estas ayudas extraordinarias, que se suman a los más dos millones de subsidios por desempleo.
«Es evidente que los ingresos del sistema se van a ver reducidos respecto a lo previsto», admitió Montero, que resaltó que estos créditos reflejan el compromiso del Gobierno con el sistema de la Seguridad Social, aunque dejó claro que la idea del Ejecutivo es que en un futuro próximo estos préstamos se conviertan en transferencias directas de los Presupuestos a la Seguridad Social.
Estos créditos se suman al que ya aprobó el pasado 14 de abril el Consejo de Ministros, por valor de 13.830 millones de euros, para garantizar el pago de las pensiones.
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