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Martes, 17 de noviembre 2020, 09:04
El acuerdo del Pacto de Toledo pone fin a un largo camino iniciado en otoño de 2016 para la reforma de las pensiones en España. El Pleno del Congreso votará este jueves las nuevas recomendaciones aprobadas por la Comisión de seguimiento, que servirán de ... orientación para la reforma del sistema público de pensiones.
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En la comisión, las nuevas recomendaciones salieron adelante con los votos del PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV y Coalición Canaria, mientras que Esquerra Republicana y EH-Bildu optaron por abstenerse. Únicamente Vox votó en contra.
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Recomendación 'cero'
El nuevo texto incluye una recomendación 'cero' con los principios básicos para el sistema público de pensiones, subrayando la oposición del Pacto de Toledo a una «transformación radical» del sistema que rompa con sus principios, como los de solidaridad, suficiencia o equidad, según el texto pactado por la Comisión.
Nuevas vías de financiación
Asimismo, señala que la financiación del sistema debe adaptarse a la protección del mismo, por lo que las cotizaciones sociales, aun manteniéndose como «fuente básica» de ingresos, deben acompañarse con otras vías para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones.
Revalorización anual con el IPC
Entre las principales aportaciones del nuevo Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas.
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Sacar los gastos impropios del sistema
Este consiste en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para, en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social, una medida ya comprometida por el Gobierno para las cuentas públicas de 2021.
Asimismo, las recomendaciones aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.
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Los 25 mejores años para calcular la pensión
Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión -hasta 25 años en 2022-, pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.
Acercar la edad efectiva de jubilación a la legal
Finalmente, además respalda medidas para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización.
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Excepciones a las penalizaciones por prejubilación
En este caso, el Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, y a presentar al Pacto de Toledo sus propuestas para aquellos para supuestos de inequidad, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones y la extensión de sus carreras de cotización.
Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos como la asociación Asjubi40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras de cotización.
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Planes complementarios de pensiones
Respecto a los planes complementarios de pensiones, el Pacto de Toledo hace una apuesta por los planes de empresas, llamando a favorecer este tipo de mecanismos en el ámbito de la negociación colectiva, y proponiendo mejoras fiscales y legales para este tipo de sistemas.
Nuevos ingresos
Por otro lado, la Comisión también reconoce, en una recomendación sobre la digitalización de la economía, la necesidad de afrontar los efectos de los cambios tecnológicos y su impacto en el empleo y en los ingresos del sistema público de pensiones, planteando la necesidad de «encontrar mecanismos innovadores que contemplen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales».
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