Montoro ofrece una deducción fiscal a los pensionistas que beneficiaría sólo a un tercio

Todo ello ha llevado a Moncloa y al PP a reaccionar. Porque si hasta ahora la respuesta del Gobierno a las reclamaciones de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo -como ocurrió en 2017- era limitarse a reclamar consenso en el Pacto de Toledo, el Ejecutivo esta vez ha dado un paso más y ha lanzado una medida para intentar contrarrestar las críticas y el cerco de la oposición.

Ha sido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el encargado de anunciar -durante un acto organizado en Madrid por la Fundación Once- que el Gobierno tiene la intención de incluir en los Presupuestos Generales de este año -que pretenden aprobar antes de Semana Santa, si finalmente logran los apoyos parlamentarios necesarios- una deducción fiscal para las personas de «edad muy avanzada». Cabe resaltar que no se trata de una medida nueva, ya que el propio Montoro prometió en otoño pasado una «prima fiscal» a las personas de edad avanzada, aunque esta vez ya le ha puesto fecha.

Montoro detalló que su ministerio trabaja en fijar «una deducción en la cuota en el IRPF que reconozca a los contribuyentes de edad muy avanzada los costes inherentes de la discapacidad». Se trataría, por tanto, de una reducción en cuota por la edad y los costes que acarrea por problemas de salud. Sin embargo, el ministro no especificó la edad a partir de la cual se aplicará ni los requisitos que hará falta cumplir ni qué porcentajes se están estudiando.

Hacienda ya contempla en la actualidad deducciones en la cuota de IRPF por discapacidad o por tener a cargo a personas con una minusvalía, pero Montoro avanzó que esta nueva ayuda se sumaría a estos beneficios, por lo que sería un extra. «Esa es la idea que también llevaremos próximamente a la Ley de IRPF, es lo que se llama deducción por cuota de edad», apuntó el titular de Hacienda en un acto en el que le acompañó el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

No obstante, esta deducción apenas beneficiaría a un tercio de los pensionistas, los de mayores ingresos, ya que más de seis millones -el 63% de los jubilados españoles- están exentos del pago de IRPF, al cobrar pensiones inferiores a los 12.000 euros anuales, según los cálculos realizados por Gestha, el sindicato de los Técnicos de Hacienda. Sólo estarían obligados a declarar IRPF los jubilados con prestaciones inferiores a los 12.000 euros anuales si tienen otras rentas distintas de la pensión, como son las del capital, las derivadas de arrendamientos o de cualquier otra naturaleza. Los pensionistas de Extremadura, Castilla La Mancha y Canarias serían los menos beneficiados por esta medida, aún sin concretar, frente a los de las provincias de Madrid, Barcelona, Zaragoza, que serían a quienes más favorecería.

De llegar a materializarse, esta medida ampliaría las que el Gobierno ya pactó con Ciudadanos, entre las que se incluían la rebaja del IRPF para salarios brutos inferiores a 18.000 euros anuales y los incrementos de las deducciones por guardería, familia numerosa, dependientes y mayores a cargo. El Gobierno también ha prometido un incentivo fiscal para los trabajadores que continúen trabajando pese a haber alcanzado la edad de jubilación, aunque por el momento no ha fijado la fecha.

La oposición ha redoblado la presión sobre el Ejecutivo a cuenta de las pensiones. Al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, no les va a quedar otra que comparecer en el Congreso para explicar cómo pretenden hacer sostenible el sistema de pensiones. Unidos Podemos y Compromís registraron en la Cámara Baja una propuesta para celebrar un pleno extraordinario y monográfico para hablar de la actual situación de las pensiones ante la «inquietud cada vez mayor» que hay en la sociedad. Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, han apoyado esta iniciativa, por lo que saldrá adelante sin problemas.

Como reacción, el Partido Popular ha impulsado una campaña a nivel municipal para presentar una moción que insta a la Comisión del Pacto de Toledo para que elabore y remita al Gobierno las nuevas recomendaciones «con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, progresando en su equilibrio financiero».