El Gobierno negocia la nueva fórmula de revalorización de las pensiones

El Ministerio de Seguridad Social presentó a sindicatos y patronal el nuevo mecanismo que pretenden aprobar en las primeras semanas del año próximo y que se ha ido puliendo dentro de esta comisión, según confirmaron a este periódico fuentes cercanas a la negociación, que trasladaron que ahora el acuerdo en este aspecto está más cerca tras las modificaciones realizadas. La propuesta que hizo José Luis Escrivá para calcular cuánto subirán cada año las pensiones es un deflactor que se basará en datos del IPC de periodos anteriores y, a su vez, en estimaciones de cómo puede evolucionar en el futuro.

Se descarta así la fórmula que se ha utilizado estos últimos años y que es el cálculo que hace el Gobierno del IPC que habrá en dicho ejercicio. Así es como se subieron las pensiones un 0,9% en 2020, el mismo porcentaje que lo harán en 2021. Tampoco se utilizará como se hacía antes la inflación de noviembre, ni se basará en la media de los últimos doce meses, una fórmula por la que abogaba el anterior secretario de Estado, Octavio Granado.

Se hará, por tanto, con una franja de tiempo mayor, que puede abarcar varios años, según confirmaron a este diario fuentes cercanas a la negociación. Con esta fórmula lo que podría perseguir el Ejecutivo es compensar las ganancias de poder adquisitivo que pueda haber en un ejercicio con las pérdidas que pudiera darse en otro, para que el gasto no se dispare más.

El mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas es uno de los compromisos del Gobierno de coalición, que además cuenta con el respaldo del texto consensuado en la comisión del Pacto de Toledo y aprobado en el Congreso. Así, los sindicatos exigen que la nueva fórmula se vincule exclusivamente al IPC, y no se tengan en cuenta otros parámetros. La negociación proseguirá ya después de las Navidades, cuando se convocará otra reunión.

Lo que ni siquiera se ha hablado en esta mesa del diálogo social es la propuesta de Escrivá de ampliar el periodo para calcular la pensión a los últimos 35 años cotizados, algo que de momento solo se ha debatido en el seno del Gobierno y que ha generado fricciones con Unidas Podemos, que se opone. Los sindicatos consideran que sería «inaceptable», pero confían en que ni siquiera se les llegue a plantear.

Otro tema que sí ha salido en la reunión que mantuvieron esta semana es la de aprobar una nueva prórroga de la denominada 'cláusula de salvaguarda', herramienta incluida en la reforma de pensiones de 2011 que garantizaba el mantenimiento de las condiciones de jubilación previas a la reforma para quienes habían sido despedidos antes de su entrada en vigor y no habían encontrado trabajo. Salvo que la próxima semana el Gobierno apruebe una ampliación, como así ha sucedido los dos años anteriores, desde enero todos los trabajadores que se jubilen se regirán ya por las condiciones actuales, sin excepciones.

UGT y CC OO exigen que se amplíe esta moratoria y este miércoles enviaron una carta para exigir que se reponga está cláusula de salvaguarda sin limite temporal, lo que afectaría a unos 26.000 parados de larga duración.