El Gobierno dice ahora que no derogará este año el factor de sostenibilidad

Para las organizaciones de los trabajadores esta es una cuestión clave y en los últimos meses habían intensificado su ofensiva para que se introdujera en esta primera fase y no se dejara para la del año que viene. De hecho, cuando daban por hecho que lo habían conseguido y que el Gobierno había dado su brazo a torcer, el ministro se desmarca ahora con que en estas medidas se recoge el «compromiso firme de derogarlo» en un plazo de tiempo, como tarde en la primera parte del año que viene, pero no habrá una ley que dé carpetazo definitivo a este mecanismo de corrección que introdujo Mariano Rajoy en la reforma de 2013.

«Es en el segundo paquete, en el cual, acompañado de un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, cuando se deroga formalmente la ley», admitió Escrivá, que precisó que «lo que hay en este primer paquete es el compromiso del Gobierno de derogar en un plazo fijo el factor de sostenibilidad sí o sí», aunque «cuándo ocurra esto es otra cosa distinta». Y recordó que hay tiempo para suprimir esta medida teniendo en cuenta que su entrada en vigor se ha aplazado hasta 2023.

El ministro quiere que la derogación se haga al tiempo que se apruebe uno nuevo que lo sustituya y su diseño «no está lo suficientemente pergeñado para proponerlo a los agentes sociales», argumentó. Pero no opinan igual los sindicatos. Para ellos la derogación es una exigencia sin la cual no firmarían, tal y como han dicho en numerosas ocasiones. A UGT no le ha sentado nada bien este juego de última hora del ministro, se lo han hecho saber y confían en que «rectifique» porque «este no es el acuerdo al que habíamos llegado». «Para nosotros la derogación de la reforma de 2013 conlleva de manera inmediata tanto la derogación del IRP como del factor de sostenibilidad, así como un año para negociar uno nuevo», explicaron fuentes del sindicato a este periódico. CC OO se reúne en ejecutiva para decidir qué hacer. En principio, su idea era apoyarlo, pero su respaldo peligra ahora con la redacción que se da al factor de sostenibilidad.

Desde la CEOE, por su parte, advierten de que a día de hoy no puede decirse que haya un «preacuerdo ni principio de acuerdo» y ven difícil alcanzarlo a lo largo de esta semana, porque antes han de analizar minuciosamente el borrador de texto normativo que les envió el Ministerio este fin de semana, ya que «una coma puede cambiarlo todo», precisaron fuentes de la patronal.

En este sentido, el ministro evitó hablar como otras veces de un «acuerdo inminente» o «en cuestión de días» y señaló que se está «afinando» el texto normativo de la reforma con los agentes sociales. Pero sí les lanzó una advertencia: «Ellos saben que la reforma tiene que estar aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este mismo año porque es un compromiso asumido por el Gobierno con Bruselas. Y los plazos van muy justos». En todo caso, confía en que llegue al Congreso a lo largo del mes de julio, que podría declararse hábil.

Escrivá avanzó que no se tramitará como proyecto de ley sino como ley, por lo que antes de aprobarse por el Consejo de Ministros ha de pasar por el Parlamento y seguir una serie de trámites, como salir a audiencia pública.

Y desde la otra cara del mercado laboral llegan buenas noticias. «Superaremos con toda seguridad los 200.000 afiliados en mayo», adelantó Escrivá el mismo día en que terminaba el mes. Además, casi 100.000 trabajadores que estaban en ERTE se han reincorporado, lo que supone que desde el máximo alcanzado en enero han vuelto a la actividad un millón de personas, entre nuevos empleos y ERTE.