Los pensionistas comienzan el año con las nóminas congeladas por la falta de Gobierno

El argumento que ha utilizado el Ejecutivo para elegir este método es que se hará «una única revalorización en el momento preciso en que se configure el Gobierno», según apuntó la ministra portavoz, Isabel Celáa, en rueda de prensa, ya que si no se suspendiera este artículo se producirían dos revalorizaciones (del 0,25% primero y posteriormente del 0,65%), lo que duplicaría los aplicativos informáticos y multiplicaría por dos el coste en la comunicación a las personas beneficiarias de las pensiones. Es decir, que escogen el método más sencillo para poder aplicar la nueva subida del 0,9% «en cuanto sea posible», lo que supondrá 9 euros más al mes de media (11 euros más para los jubilados). A poder ser, ya en la nómina de enero, por lo que en realidad los mayores ni siquiera percibirían esa congelación transitoria de sus ingresos, aunque todo está a expensas de las negociaciones políticas. Lo que sí recalcaron nuevamente es que se hará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020, lo que disparará de nuevo el gasto, que hoy marcó un nuevo récord al tener que destinar la Seguridad Social más de 9.759 millones de euros al pago de las prestaciones, un 4,7% más que hace un año.

De cualquier forma, y sea cuando sea, la cuestión es que los mayores vuelven a quedarse sin ninguna subida por primera vez en nueve años, cuando en 2011 José Luis Rodríguez Zapatero congeló las pensiones en plena crisis económica, una decisión que nunca se había tomado. Y también se quedarán con la misma nómina los más de 2,5 millones de funcionarios, puesto que la subida salarial de al menos el 2% contemplada en el acuerdo firmado en la primavera de 2018 también se retrasa hasta la formación del nuevo Gobierno, aunque también se hará con efecto retroactivo.

Y lo mismo sucede con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que comenzará 2020 congelado en los 900 euros al mes (repartidos en 14 pagas) a la espera de que arranque la nueva legislatura. De hecho, éste es uno de los temas que está encima de la mesa de la negociación entre el PSOE y Unidas Podemos, puesto que la formación morada exige que la renta mínima se incremente hasta los 1.000 euros al mes ya el próximo año (14.000 euros brutos al año), lo que supondría un alza del 11%.

Pero si en este caso se cumple la promesa del presidente en funciones, la decisión del nuevo SMI no será tan inmediata como la revalorización de las pensiones, puesto que Sánchez quiere que en esta ocasión se decida a través del dialogo social tal y como le exigen los agentes sociales. Y todo apunta a que esta negociación no será fácil, puesto que el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, ha mostrado su frontal oposición a llevarlo a 1.000 euros al mes, algo que considera una «barbaridad». El PSOE, por su parte, mantiene la promesa de que a final de la legislatura, es decir, en 2023, se sitúe en el 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea. Pero mientras hay quien dice que esto serían 1.200 euros al mes, desde CC OO sostienen que en la actualidad el 60% de la remuneración media son 1.003 euros (eso sí, con los últimos datos disponibles de la EPA, que son de 2018).

Tal y como explicó Celáa, se aprobará «como en otras ocasiones» de manera retroactiva. Y dependiendo de lo que suba, así lo hará la base mínima de cotización, que por tanto también se mantiene congelada en este inicio de año después de haberse incrementado un 22,3% en 2019. Falta aún por decidir el aumento de la base máxima, aunque cabe destacar que en este caso las nuevas cotizaciones no podrán aprobarse con carácter retroactivo.

Pero a lo que sí dio el visto bueno el Gobierno fue a prorrogar la conocida como 'cláusula de salvaguarda', por la que unos 26.000 prejubilados (según la primera estimación oficial) podrán acceder al retiro con las condiciones anteriores a la reforma de las pensiones de 2011, lo que evita así que sus pensiones se reduzcan hasta un 30%.