El Gobierno se da de plazo cinco años para acabar con el déficit sin bajar las pensiones

Y para ello se ha dado un plazo de cinco años para lograr el equilibrio de un sistema que acumula un déficit superior a 80.000 millones desde 2012 y del que dependen una de cada tres familias españolas, ya que -en palabras de Valerio- el Ejecutivo del PP ha ido los últimos seis años en una «dirección contraria», por lo que «ha llegado el momento de rectificar sacando adelante un nuevo Pacto de Toledo».

«El Gobierno de Pedro Sánchez tiene el firme compromiso de que la Seguridad Social sea partícipe también del crecimiento económico», prometió la nueva ministra, que criticó la congelación de las pensiones en los últimos cinco años. No ocurrirá esto mientras este Ejecutivo esté en La Moncloa, que se fija como objetivo «reforzar el equilibrio financiero del sistema, pero nunca con una merma de las pensiones», ya que, además Valerio, argumentó que «no estamos con un gasto disparado ni muchísimo menos», como se pone de manifiesto en que la partida para tal fin está por debajo de la media europea, precisó.

Pero la nueva titular de Trabajo fue más allá y se marcó como «obligación» lograr el equilibrio de las cuentas de aquí a 2022 o 2023, para que «cuando las generaciones del 'baby boom' comiencen a jubilarse tengamos un sistema lo más saneado posible».

Y es que Valerio recordó que el Fondo de Reserva se había destinado precisamente para tal fin y en la actualidad apenas cuenta con 8.050 millones tras haberse sacado 74.400 millones. «Hemos agotado la 'hucha' antes de lo previsto y en lugar de en 2027 o 2028 lo tenemos prácticamente agotado en 2018», se lamentó.

A su vez denunció que en los últimos seis años (de 2012 a 2017) la Seguridad Social ha destinado, además de lo generado por las cotizaciones sociales, un total de 93.251 millones de euros para pagar las pensiones. A lo extraído del fondo hay que sumar los 8.621 millones del Fondo de Contingencias Profesionales, más los 10.192 millones del préstamo concedido por el Estado.

En este sentido, Valerio dijo que el Gobierno estaba trabajando para configurar los instrumentos legales para sustituir estos créditos con recursos tributarios, como por ejemplo la denominada 'tasa Google', el impuesto a la banca, a las transacciones financieras... Eso sí, admitió que todavía están discutiendo si debe hacerse mediante impuestos finalistas o impuestos 'ad hoc'. Es decir, que la ministra pretende lograr el equilibrio con impuestos y con un «mercado laboral digno», ya que criticó que pese a que en la actualidad hay 1,2 millones de cotizantes más que en 2011, se recauda 1.328 millones menos.

Por eso, Valerio abogó por que se cotice lo mismo con independencia de la duración de los contratos, de tal manera que no se penalice la contratación indefinida frente a los de corta duración. Además, quiere recuperar la base de cotización de los mayores de 52 años que han agotado sus prestaciones contributivas al 125% del SMI, así como extender la acción protectora a los becarios y mejorar la carrera de cotización de aquellos mayores que hayan tenido carencias en los años de crisis.

Además, pretende reordenar los ingresos y gastos que asume el sistema, para que no asuma gastos que no son suyos, como los de personal, o que no cargue con gastos que no le corresponden, como las reducciones de cotizaciones o tarifas planas o maternidad. Para ello, su idea es realizar transferencias desde los Presupuestos, al igual que se hace para el pago de los complementos a mínimos, algo para lo que existe consenso en el Pacto de Toledo.

Respecto al polémico destope de las cotizaciones, la ministra insistió en que el Gobierno pretende realizarlo de forma progresiva, aunque admitió que están estudiando también qué hacer con la pensión máxima, porque a ver si «al final nos va a salir más caro».