El Estado asumirá en 2021 el 60% de los gastos impropios del sistema de pensiones

Para ello el Estado asumirá ya el próximo año algo más del 60% del gasto en pensiones que no le corresponden al sistema. Concretamente, le liberará de 13.929 millones de euros de los 22.871 millones que el ministerio dirigido por José Luis Escrivá cuantificó recientemente como gastos impropios. Así lo recoge el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas: «En 2021 el Estado realiza un esfuerzo importante de manera que trasferirá a la Seguridad Social para cubrir, entre otros, parte de los gastos que asumía el sistema por una cuantía de 13.929 millones».

El documento cita como estos gastos impropios las reducciones en la cotización para fomento del empleo, la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, el complemento de pensiones por maternidad, las medidas de apoyo ('subvenciones implícitas') a regímenes especiales para ayudas a sectores o el coste de complementar las lagunas de cotización para el cálculo de la pensión de jubilación.

Esta transferencia no servirá, sin embargo, para terminar el año que viene con el déficit, que este ejercicio se disparará a cifras récord a consecuencia de la pandemia. Hasta tal punto que triplicará al de 2019 y ascenderá al 4,1% del PIB, un agujero superior a los 45.000 millones. Esta es la estimación que se recoge en el Plan de Estabilidad, que contempla una reducción de este déficit en 2022 hasta el 3%. El año pasado las cuentas de la Seguridad Social cerraron con unas pérdidas de casi 16.800 millones, el 1,34% del PIB.

Pero sí conseguiría cerrarse ese agujero en 2023 si se culmina el proceso de separación de fuentes, ya que para ese ejercicio el Ejecutivo prevé un déficit del 1,4% del PIB, lo que supondría unos 20.185 millones, una cantidad menor a los casi 23.000 millones que dejaría de pagar la Seguridad Social por gastos que no le corresponden. «Alcanzar en el corto plazo la culminación del proceso de separación de fuentes de financiación de la protección contributiva y no contributiva del sistema constituye un paso decisivo para recuperar el equilibrio financiero en el corto plazo», sostiene el texto.

La reforma que el Gobierno informa a Bruselas que inicia ya el año que viene consiste en la asunción por el Estado vía impuestos de partidas de gasto que en la actualidad son sufragadas a través de cotizaciones sociales «limitando la capacidad del sistema de afrontar el volumen de gasto en pensiones», que el año que viene volverá a subir al revalorizarse las prestaciones un 0,9%. Con ello, pretende «rectificar la imagen distorsionada de desequilibrio del sistema percibida por los ciudadanos que, pese a no reflejar la situación real, está generando alarmismo e incertidumbre a los pensionistas y al conjunto de la población», así como «afrontar en buenas condiciones los desafíos de largo plazo, principalmente el envejecimiento poblacional consecuencia de la jubilación de la generación del baby boom».

Pero no solo eso. En el documento se recogen también otras medidas para logar la sostenibilidad del sistema de pensiones que ya avanzó el ministro Escrivá. Así, advierten a la Comisión Europea de abordar, en el medio y largo plazo, el incremento importante del número de jubilaciones en las próximas décadas, completando la legislación actual con la utilización de incentivos positivos que contribuyan a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, e incentivando la demora en la jubilación al mismo tiempo que se desincentivan las jubilaciones anticipadas.