Escrivá quiere endurecer las prejubilaciones e incentivar los planes de empresa

Durante su comparecencia en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, Escrivá ha afirmado que en España la previsión social de empresa es una asignatura pendiente, a pesar de que, según la presentación que ha elaborado, su rentabilidad es muy superior a la de los planes individuales. De acuerdo con los datos que ha mostrado Escrivá en la Cámara y que proceden de Inverco, si en la última década, entre 2009 y 2019, la rentabilidad media de los planes individuales ha rondado el 2,75%, en el caso de los planes de empresa ha rozado el 4%. Ello, en parte, según ha apuntado el ministro, porque los costes de gestión de los planes colectivos (con comisiones por debajo del 0,3%) son inferiores a los planes individuales (rondan el 1,2%). En relación con los planes de pensiones individuales, el ministro ha afirmado: «Es un producto extraordinariamente caro», y ha añadido: «No da la sensación de que las mayores comisiones se dediquen a mejorar la gestión de los fondos».

Esta propuesta del ministro está en línea con el punto 16 del borrador de recomendaciones del Pacto de Toledo.

Como caso de éxito en esta materia, ha expuesto el caso de las Entidades de Previsión Voluntaria en el País Vasco (EPSV), que llegan a más personas que los planes de empleo en España. Si los planes de empleo sólo cubren a un 10% de los trabajadores en España, en el País Vasco las EPSV cubren a un 50%. Y si el saldo de las primeras no llega a los 20.000 euros, de media, en el caso de las segundas se acercan a los 30.000 euros. Estos instrumentos están vinculados a los convenios colectivos sectoriales. El trabajador aporta un 1% y la empresa otro 1% al plan. Y cuentan con ventajas fiscales.

Escrivá también ha insistido en la necesidad de utilizar «incentivos positivos que contribuyan a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal». El ministro ha afirmado que ya existen mecanismos para prolongar la vida laboral, pero apenas se utilizan y ha percibido indicios de desconocimiento sobre ellos, lo que puede ser una de las razones de su escaso uso. Por ello, Escrivá ha anunciado que su ministerio llevará a cabo una evaluación de los incentivos actuales «para optimizar su utilización y, si es necesario en algún caso, redefinir alguno de sus elementos». Al tiempo, ha afirmado que habrá que revisar la normativa sobre las jubilaciones anticipadas voluntarias. De acuerdo con las cifras transmitidas por Escrivá, desde el año 2014, el número de jubilaciones voluntarias anticipadas ha aumentado un 66%, hasta representar el año pasado el 16% del total.

En cuanto a los incentivos y fórmulas para prorrogar la edad de jubilación, el ministro ha expuesto algunas de las que existen, como el porcentaje adicional por cada año cotizado por encima de la edad legal de jubilación, que oscila entre el 2% y el 4% en función de la carrera de cotización; el complemento por demora; o la exoneración de la obligación de cotizar.

Estas líneas enlazan con el punto doce del borrador de recomendaciones, que afirman que «la prolongación de la vida profesional constituye una necesaria respuesta al alargamiento de la esperanza de vida a fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema en el largo plazo».

El ministro también se ha referido a la actualización de las pensiones y a la necesidad de que se mantenga su poder adquisitivo. En este sentido Escrivá ha pedido a la Comisión del Pacto de Toledo que acelere los trabajos para que en el próximo periodo de sesiones se pueda aprobar «un nuevo marco estable» para su actualización de manera que se pueda aplicar en 2021. Con ello, se cumpliría con dos de las recomendaciones del borrador que llama a recuperar el consenso respecto al «mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones» y sobre la «suficiencia» y el aseguramiento de un «nivel mínimo de recursos».

El ministro también se ha referido a que actualmente la Seguridad Social soporta «una pesada carga que no le corresponde» y que considera «gastos impropios» que deberían pasar a ser responsabilidad de los Presupuestos Generales del Estado, como medidas de fomento del empleo o determinadas prestaciones, como las de cuidado de hijos u otros subsidios, así como los propios gastos de funcionamiento del sistema. Ello contribuiría a recuperar el equilibrio financiero a corto plazo en la Seguridad Social.