Escrivá calcula que España necesita 270.000 migrantes al año para garantizar las pensiones

El titular del departamento que asume las políticas migratorias junto a la de las pensiones indicó que España cuenta con ventaja con respecto al resto de países del entorno europeo para afrontar estas políticas. Escrivá indicó que el país tiene «una actitud muy positiva respecto a la migración y eso favorece el diseño de políticas», dijo este viernes ante los medios de comunicación, tras participar en un foro de alto nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El ministro se refería indirectamente al reciente estudio de Sigma Dos, que revela que el 80% de los españoles cree que el Gobierno debe desarrollar políticas de integración.

«El envejecimiento de la población es algo que no se puede parar», admitió el ministro, por lo que en las próximas tres décadas «necesitaremos ocho o nueve millones de personas adicionales para mantener nuestra fuerza laboral en su nivel actual» y por lo tanto el sistema de pensiones, según reveló ante el foro internacional. Aunque España ha abordado «sin tacha» los problemas migratorios a corto plazo con los que se ha ido encontrando -con soluciones como los acuerdos firmados con Marruecos- es fundamental planificar a medio y largo plazo para que «cuando los problemas se vayan manifestando estemos preparados».

Sobre el actual sistema de cuotas, Escrivá aseguró que «en España no estamos aún en condiciones de avanzar un modelo alternativo al existente», aunque se mostró favorable a «darle una vuelta» a la actual política en materia de inmigración, que data del año 2000, para lo que desde el Gobierno van a estudiar los modelos de otros países para ver «qué es lo que funciona mejor» y poder aplicarlo.

Preguntado por la posible derogación de la reforma laboral de Rajoy, el ministro se mostró prudente y señaló que primero habrá que analizar en profundidad los efectos. Pese a la actual crispación política, el ministro también se mostró convencido de existe voluntad desde todas las partes de volver a convocar el Pacto de Toledo.

En este sentido, Escrivá puso sobre la mesa una de las estimaciones que más impacto tienen en el ámbito de la Seguridad Social: la edad de jubilación. El ministro no cree que haya que volver a elevar la edad legal, que este año se encuentra en los 65 años y 10 meses, y que alcanzará los 67 años en 2027.

Escrivá sí que apuesta por que se acerque a esas cifras la edad de jubilación real, esto es, el momento en el que efectivamente se están retirando los trabajadores aunque sea de forma anticipada y con recortes en sus prestaciones al anticipar ese momento con respecto al año que teóricamente les correspondería jubilarse.

Escrivá considera que el calendario de jubilación fijado en 2011 por la reforma del sistema promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «es un punto de partida perfecto y no creo que haya que tocarlo». Al mismo tiempo, añadió que lo que se debe intentar «con los incentivos correctos» es conseguir que «la edad efectiva de jubilación se acerca a la pactada en ese 2011». Actualmente, la edad real se encuentra en el entorno de los 64 años.

Uno de los temores de los sucesivos Gobiernos desde que se aprobó la reforma de las pensiones hace nueve años es que los ciudadanos optaran por acogerse a la jubilación anticipada y no esperaran a cumplir la edad legal, aun a costa de perder dinero. Si esta tendencia se consolida, el sistema acabaría por asumir más cargas de las inicialmente calculados con el retraso forzado hasta los 67 años por ley.

Escrivá también aclaró que ya se ha corregido el «error» de incluir el factor de sostenibilidad en la legislación y que se va a restablecer el principio de que «el valor adquisitivo de las pensiones se mantenga y sea para siempre».