Los empresarios se rebelan contra la nueva fiscalidad de los planes de pensiones

La patronal de las grandes empresas (CEOE), la de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), la del sector de las aseguradoras (Unespa), la Asociación Española de Banca (AEB), la principal organización de autónomos (ATA)... y así hasta un total de 18 asociaciones han firmado un manifiesto en el que instan al Ejecutivo a mantener el actual tratamiento de los instrumentos de ahorro individuales de previsión social complementaria.

«La encomiable intención del Gobierno de impulsar la previsión social complementaria en el ámbito empresarial en España no debe realizarse a costa del ahorro que destinan por su cuenta los particulares a reforzar su futura pensión», defienden las entidades firmantes.

A su juicio, esta medida que se pondrá en marcha el año que viene perjudicará, «con carácter directo e inmediato», a los más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y a casi un millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA), muchos de ellos trabajadores por cuenta propia o empleados de pymes, que no dispondrán además de una alternativa, ya que el fondo de pensiones público que prevé crear el Ministerio de Seguridad Social aún no está operativo. Por eso, defienden que para ellos seguirá siendo «necesario e imprescindible» el sistema individual, al menos hasta que puedan acceder al sistema de empleo.

En este manifiesto defienden que el ahorro individual para la jubilación es «necesario» por la estructura del mercado laboral español, ya que el establecimiento de diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social, relegando a los sistemas individuales que tendrían un límite inferior, «es discriminatorio para la gran mayoría de la población ocupada española». Afectaría especialmente a las más de 3,2 millones de autónomos, así como a los empleados de las pymes, en las que el ahorro colectivo apenas está presente.

«Se debe posibilitar a toda esta población ocupada que queda fuera de la previsión social empresarial que pueda acceder a sistemas de previsión individuales en las mismas condiciones y requisitos que cualquier otro trabajador», afirman.

Otra de las razones que dan para posicionarse en contra es la cuantía insuficiente de ahorro que se podría acumular dentro del sistema individual bajo los nuevos parámetros. A razón de 2.000 euros por año, un trabajador que no tuviera acceso a un plan de empleo podría acumular 80.000 euros si ahorra sistemáticamente durante 40 años de trayectoria profesional, más la rentabilidad que obtuviera este dinero. Si se prorratea este importe durante los 20 años de esperanza de vida que restan una vez alcanzada la edad de jubilación, el resultado es una cuantía media mensual insuficiente para complementar la pensión pública, aseguran.

Un tercer elemento que piden que se tenga en cuenta a la hora de llevar a cabo esta reforma es la irregularidad de los ingresos del trabajo. Por ello, piden que se permita a los trabajadores, especialmente a los autónomos, recuperar su capacidad de ahorro para la jubilación en los años en los que tienen estabilidad en sus ingresos. Así, abogan por suprimir los límites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social y sustituirlos por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, de tal forma que se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador durante su trayectoria sociolaboral.