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Se ha hecho esperar, pero el Gobierno ha aprobado este martes en consejo de ministros la prórroga de la cláusula de salvaguarda para la jubilación durante este 2021 con efecto retroactivo a 1 de enero. De esta manera, se garantiza el mantenimiento en este ejercicio ... de la legislación de las pensiones previa a la reforma de 2011 para las personas que salieron del mercado laboral en la crisis financiera y que no se han vuelto a reincorporar. En concreto, se aplica a trabajadores cuya relación laboral se extinguiera antes del 1 de abril de 2013 y que no hayan vuelto a cotizar o a personas procedentes de expedientes de regulación de empleo o de acuerdos adoptados en el marco de procedimientos concursales anteriores al 1 de abril de 2013. Ello obedece a que la mayoría de los beneficiarios está a punto de jubilarse. Con esta medida, explican desde la Seguridad Social, se busca proteger a los trabajadores que salieron del mercado laboral a una edad avanzada sin haber podido retomar su carrera profesional y con la consiguiente afectación directa en sus cotizaciones y prestaciones.
Comisiones Obreras y UGT han valorado a través de un comunicado la prórroga de esta cláusula de salvaguarda, ya que responde a una demanda sindical, «pero supone una iniciativa parcial», afirman. «CC OO y UGT hemos pedido al Gobierno que dé una solución definitiva al problema, que genera inseguridad hasta que se aprueba la prórroga. Por tanto, es necesario derogar de forma expresa las limitaciones temporales que sobre dicha cláusula impuso el Gobierno del Partido Popular en 2013«, demandan los sindicatos, que añaden que »es necesario recuperar la situación de consenso alcanzado con la reforma de pensiones de 2011, que establecía un plazo indefinido para garantizar la cobertura a todas las personas afectadas sin tener que someterlas a la incertidumbre que generan las prórrogas anuales«.
El Gobierno, por otro lado, ha concretado este martes la revalorización de las pensiones contributivas al 0,9% y las no contributivas al 1,8%, tal y como recogía la Ley de Presupuestos para 2021. La medida tiene un coste de cerca de 1.500 millones de euros y afecta a casi 11 millones de pensionistas.
El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha recordado que ésta será la última vez que la revalorización de estas prestaciones se realice sin una regla estable. En estos momentos el Ejecutivo está ultimando un acuerdo con los agentes sociales sobre el diseño del mecanismo permanente de revalorización. De esta manera, se aplicará una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que pasa por el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones con un mecanismo de manera indefinida y al margen de la voluntad del Gobierno de turno.
El ministro, asimismo, anticipó cambios en el Ingreso Mínimo Vital, de modo que se va a modificar la consideración de la unidad de convivencia, para incluir circunstancias «singulares», con ayuda de las ONG y de los servicios sociales de los ayuntamientos. Además, se podrían modificar los umbrales de renta o patrimonio para que las ayudas lleguen a más hogares, porque la prestación se ha denegado a personas por estar por encima, pero cerca, de los niveles establecidos la pasada primavera, cuando se diseñó la ley.
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