La AIReF estima que el gasto en pensiones subirá un 30% hasta 2050

La crisis económica provocada por la pandemia puede no pasar desapercibida en las pensiones, puesto que de ella, si tiene consecuencias estructurales, puede derivarse un incremento del gasto hasta el 14,9% del PIB, y el aumento de la deuda en tres décadas de 78,2 puntos de PIB.

Esta revisión de un punto al alza desde las estimaciones del año pasado hasta el escenario central actual -que no es el que incorpora consecuencias estructurales de la covid-19- obedece a que el punto de partida es tres décimas más elevado que el ejercicio pasado, dado que algunas pensiones han subido más que el IPC, en contra de lo previsto.

Además, en la actualización ha influido la revisión de las perspectivas demográficas, sobre todo la fecundidad. Esther Gordo, directora de análisis económico de la AIReF, ha rebajado el aumento desde los 1,2 hijos por mujer actuales hasta los 1,4 de 2050 -en 2019 su previsión estaba por encima de esta última-, debido a que sobre ella ejercen presión «factores estructurales» como la precariedad laboral y el acceso a la vivienda.

La esperanza de vida se reducirá en un año en 2020 por efecto de la covid-19. En lo sucesivo, aumentará a razón de un año por década -frente a los dos años por década que venía produciéndose-, para situarse en los 84,3 años para los hombres y en los 89,3 para las mujeres.

Si bien, como compensación, se espera que, en promedio, de aquí a mediados de siglo, llegarán 330.000 personas al año procedentes de otros países en términos netos. Este último factor hará posible que en el año 2050 la población española alcance los 54 millones, de los que el 18% serán inmigrantes. Aunque las personas en edad de trabajar se reducirán a partir de 2030, para retomar una senda creciente en el año 2048. Precisamente, a partir del año 2046 se prevé que el gasto en pensiones comience a disminuir.

Pero, el primer golpe a digerir será el de reducción de la población activa, lo que provocará que la tasa de dependencia vaya empeorando en los próximos años. Con datos de 2019, por cada pensionista había cuatro cotizantes. Pero en el año 2050, por cada jubilado habrá dos trabajadores.

El funcionamiento del mercado de trabajo no será del todo enemigo de las pensiones, puesto que la tasa de actividad aumentará dos puntos porcentuales en los próximos treinta años, gracias a las ganancias que puede haber en participación de la mano de obra femenina y también porque se espera que cada vez una mayor proporción de mayores de 65 años pueda decidir continuar trabajando. Además, la AIReF espera que la tasa de paro vaya reduciéndose hacia el 7% a largo plazo, «proyección consistente con el retroceso del número de personas en edad de trabajar», afirma Esther Gordo. Si bien harán falta reformas del mercado laboral para conseguirlo, como las que pasan por reducir la dualidad. Por su parte, la productividad crecerá a ritmos del 0,9%.

Con ello, el supuesto con el que trabaja la AIReF es que el PIB se expanda a ritmos del 1,4% anual hasta 2050.

Si este es el escenario demográfico y económico que sustenta que el gasto en pensiones puede alcanzar el 14,2% en el año 2050, la AIReF descuenta que en este escenario central se mantienen las reformas de 2011 de retraso progresivo de la edad de jubilación, así como la aplicación del factor de sostenibilidad a partir de 2023, tal y como recogieron los últimos presupuestos generales del Estado aprobados, los de 2018. Pero también contempla que se mantenga la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, cuestión respecto a la que observa consenso político.

Pero el organismo también plantea otros escenarios alternativos. Por ejemplo, en el caso de que se profundicen las reformas, con el aumento de la edad efectiva de jubilación desde los 64,1 hasta los 66 años, y el incremento de la carrera de cotización desde los 25 a los 35 años, el peso de las pensiones sobre el PIB quedará limitado a un 12,8% y el aumento de la deuda ligado a su pago se ceñirá a 40,2 puntos de PIB.

La eliminación del factor de sostenibilidad llevaría al gasto en pensiones a situarse en el 15,2%.

Aunque el peor de los escenarios que plantea la AIReF de acuerdo con sus simulaciones pasa porque los flujos migratorios con destino en España fueran de la mitad de los esperados: en ese caso, el peso de las pensiones llegaría al 16,1% del PIB.

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, considera que a corto plazo es necesario cerrar el déficit de la Seguridad Social reduciendo la cotización por desempleo y pasando al Estado la financiación de los complementos de maternidad, las políticas activas de empleo o las bonificaciones a la contratación. Si bien teniendo en cuenta el déficit estructural en el que se encuentran también las Administraciones Públicas, que es elevado.

Además, Herrero insistió en que, para garantizar el sistema público, «la solución más viable y sencilla de implementar» pasa por la «profundización de la reforma de 2011», es decir, el retraso en la edad efectiva -no la legal- de jubilación, así como la ampliación de la carrera de cotización. A su juicio, es pertinente adoptar estar reformas «a la mayor brevedad», de manera que sea posible «una implantación gradual», lo que tiene una mayor aceptación social y da la posibilidad a los diferentes agentes económicos de adaptarse.

Si bien Herrero ha añadido que «la elevada incertidumbre hace aconsejable que se empiecen a estudiar y debatir otras opciones que garanticen la sostenibilidad, suficiencia y equidad del sistema si se materializasen escenarios más adversos». Y ha enumerado algunas medidas adoptadas en Europa, como fórmulas que vinculen la esperanza de vida a la edad de jubilación, otras para establecer la pensión inicial ligada a toda la vida laboral, sistemas alternativos de revalorización de las pensiones, el establecimiento de modalidades de cuentas nocionales, así como la exploración de sistemas complementarios de pensión y su tratamiento fiscal.

En cuanto al acuerdo en el Pacto de Toledo la presidenta de la AIReF considera que «sería un buen principio», pero advierte de que «su efectividad dependerá de la concreción de las recomendaciones en la normativa».