Unos 180.000 prejubilados cobrarán un plus de entre 4,5 y 82 euros al mes

Asjubi40, que representa los intereses de más de medio millón de parados que se vieron forzados a prejubilarse con fuertes recortes, lleva años demandando en el Congreso que se eliminen los coeficientes reductores para aquellos que tienen más de 40 años cotizados, una reivindicación que ha sido apoyada por UGT y otras organizaciones y que fue objeto de debate en el Pacto de Toledo, que pidió al Gobierno presentar un estudio sobre la jubilación anticipada y sus efectos para las personas con largas carreras de cotización, por si sufrían algún tipo de desigualdad.

Escrivá, después de varios meses de análisis, ha llegado a la conclusión de que no se pueden eliminar los coeficientes reductores porque se «perjudicaría seriamente la equidad, adecuación y sostenibilidad» del sistema público de pensiones español. Hasta el punto de que su supresión acarrearía un incremento del gasto anual en pensiones de más de 2.700 millones de euros, lo que aumentaría el gasto futuro en más de 44.000 millones.

A juicio del ministro, es «lógico que un adelanto de la edad de acceso a la jubilación tenga algún reflejo en la cuantía de la pensión, porque va a percibirse durante un periodo más prolongado, de igual forma que un retraso en la misma conlleva una mejora en la cuantía por inversa razón». Y así lo señala en el proyecto de ley de reforma de las pensiones remitido el pasado 26 de agosto al Congreso y al que ha tenido acceso este periódico.

Sin embargo, Escrivá quiere aplicar la nueva ley de jubilaciones anticipadas, que flexibiliza los recortes para largas carreras de cotización, a quienes se hayan prejubilado en los últimos veinte años para equiparar sus derechos a los que tendrían si se jubilaran ahora con la nueva norma, más favorable. Por ello, la Seguridad Social pagará a partir del próximo mes de marzo de 2022 un complemento a la nómina de unos 180.000 pensionistas que oscila entre un mínimo de 4,56 euros y un máximo de 82,62, según avanzaron a este periódico fuentes del Gobierno, que precisaron, no obstante, que para ello debe ser aprobado por el Congreso.

El coste de esta medida, que Escrivá ha introducido en el real decreto sin haberla acordado antes con los agentes sociales y que no tendrá en ningún caso carácter retroactivo, supondrá un aumento del gasto en pensiones de 45,72 millones anuales, lo que supone un compromiso futuro en valor actual de 765,53 millones.

Los potenciales beneficiarios de este complemento salarial serán los pensionistas que hayan accedido a la jubilación de forma anticipada entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021, siempre y cuando hayan cotizado al menos 44,5 años. La nueva norma no discrimina entre aquellos que accedieron a la jubilación de manera voluntaria y los tuvieron que retirarse de manera forzada, por un despido individual o por un ajuste colectivo, pero sí establece un requisito: que la cuantía de su pensión hubiera sido más alta si se le hubieran aplicado los coeficientes reductores vigentes a 1 de enero de 2022.

El ministerio cifra este colectivo en 237.491 personas, aunque no serían todos, ya que, en primer lugar, habría que restar los más de 24.000 pensionistas que cobran la pensión máxima y, por tanto, quedarían excluidos. Además, el texto señala que «en muchos casos los coeficientes coinciden y, por tanto, la pensión no se verá alterada», por lo que -según estimaciones oficiales- lo recibirán finalmente unas 180.000 personas.

Esta propuesta de Escrivá ha sido recibida con fuertes críticas por parte de Asjubi40, que considera que solo beneficiaría a una «ínfima parte» de los 550.000 afectados que actualmente sufren «recortes perpetuos de pensión».