Se agudiza la crisis de los jóvenes: uno de cada tres no tiene ingresos

«Los jóvenes tienen una vinculación frágil con el mercado laboral por su acusada reducción tanto de horas como de duración de sus contratos recientemente», explica el informe. Arce hizo hincapié en el incremento de la «vulnerabilidad laboral» entre los trabajadores más jóvenes y puso como ejemplo los ERTE. Este mecanismo que tanto ha beneficiado a la sociedad en su conjunto en esta crisis, lo han hecho en menor grado en el colectivo de los jóvenes por su elevado nivel de temporalidad y su mayor presencia en sectores más afectados por la pandemia como el turismo o la hostelería y con menos potencial para teletrabajar. Siete de cada diez asalariados (70%) mayor de 30 años se benefició de un ERTE con independencia de su tipo de contrato, 15 puntos por encima que entre los menores de 30.

De hecho, el informe del supervisor revela que la probabilidad de reincorporarse al mundo laboral ha sido menor para los que estaban en ERTE que para los que se encontraban sin empleo. Las cifras son reveladoras: en torno a un tercio de los ocupados de hasta 29 años que perdieron su trabajo en el segundo trimestre de 2020 tenían un contrato temporal, mientras que en los mayores de 45 años no llegó al 20%.

«Para muchos jóvenes esta pandemia supone llover sobre mojado», explicó Arce durante su conferencia en la Universidad de Alcalá de Henares. Este colectivo sufrió con la crisis financiera un fuerte descenso en el nivel de su renta del que no se pudo recuperar ni en los años de expansión económica (2014-1019). Ahora la pandemia va a «intensificar» las dinámicas negativas a las que se enfrentaban desde la crisis anterior.

Esta situación viene motivada en gran parte por la educación. Aunque aún se desconoce cuál ha sido la pérdida de conocimientos de los estudiantes por la reducción de clases presenciales durante el año, en Estados Unidos y Bélgica ya hay estudios que evidencian la caída de un 50% en el rendimiento en materias tan básicas como las matemáticas. Si lo extrapolamos a España nos encontramos con una situación crítica, ya que nuestro país ya tenía uno de los mayores niveles de población entre 20 y 29 años con solo estudios primarios.

Pero en educación superior también hay problemas desde hace años que lastran la ocupación. «Los problemas de calidad del sistema educativo condicionan la empleabilidad de los universitarios», señala el informe. Así, en relación con la UE, los universitarios españoles tienen más dificultad para encontrar empleo y acceder a un puesto acorde a su formación, independientemente de su especialización. Por ello, el Banco de España asegura que es necesario «mejorar los sistemas de selección del personal docente e investigador» y reforzar la vinculación de la financiación a objetivos de excelencia.

Todas estas circunstancias dificultan la emancipación de los jóvenes. Las rentas bajas y el alto nivel de temporalidad y desempleo obstaculizan el acceso a una vivienda. Los datos hablan por sí solos: el 87% de los nacidos en 1988 aún vivía con sus padres a los 26 años, un porcentaje cinco puntos mayor que el de los nacidos en 1976. De la misma manera, la proporción de jóvenes que poseen su vivienda en propiedad a los 30 años ha ido disminuyendo para los que nacieron a partir de 1980. Así, mientras que el 26% de los nacidos en 1976 poseen una residencia en propiedad, el porcentaje se desploma al 7% para los nacidos en 1988.

Ello condicionó en gran medida la subida del precio de los alquileres, ya que al no poder comprar, los que se emancipan se deciden a alquiler. «España es el país europeo junto con Francia donde los jóvenes dedican un mayor porcentaje de su renta al alquiler, en torno al 30%», señala el estudio. Así, entre 2014 y 2017, el porcentaje de hogares con cabeza de familia menor de 35 años que vivían de alquiler subió en más de 12 puntos, hasta el 43%.

El círculo se termina de completar con el tensionado sistema público de pensiones derivado del envejecimiento de la población, a lo que ahora hay que sumar la abultada factura para el Estado de la lucha contra la pandemia. Una deuda pública que supera ya el 120% del PIB y cuya reducción caerá sobre las generaciones más jóvenes.