Los países europeos piden adaptar las reducciones de gas a la realidad de cada Estado

El planteamiento inicial de la Unión Europea (UE) tiene una visión macroeconómica: apuesta por reducir el consumo para acelerar el llenado de las reservas estratégicas y bajar el precio del gas. La iniciativa 'Ahorra gas para un invierno seguro' contempla una reducción del consumo del 15% de todos los países, aunque admite ciertas excepciones, a evaluar por la Comisión, en las que ese porcentaje puede bajar al 10%.

Los Estados, sin embargo, apuestan por hacer un plan «a medida», que tenga en cuenta las particularidades de los Veintisiete, según admiten fuentes diplomáticas. Y en ello trabajan desde el pasado miércoles, día en el que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, presentó el plan.

España acude a la reunión de ministros con una contraoferta, en la que se compromete a exportar todo el gas posible al resto de la UE, a cambio de evitar los racionamientos. El país quiere aprovechar su posición como 'hub' de gas natural licuado (GNL) para exportar esta energía a través de los gasoductos que le unen con Francia, de buques metaneros o, directamente, convertida en electricidad.

La interconexión actual permite enviar al resto del continente el 20% de la importación de gas española. Esas capacidades, que según el día ya se están usando al máximo, permiten exportar cerca de 7.000 millones de metros cúbicos de gas al año. O lo que es lo mismo, España podría aportar en torno al 13% del gas necesario para llenar las reservas europeas de cara al invierno.

Otro de los puntos de fricción del plan reside en la capacidad de la Comisión Europea para declarar el estado de emergencia energética, una situación excepcional bajo la cual las «reducciones voluntarias» de consumo de gas se convertirían en «medidas obligatorias». En el texto en el que se trabaja a nivel de embajadores ya se ha suavizado este punto, de modo que «ante una importante reducción del suministro de gas ruso o un corte total» sean cinco los Estados que deben pedir al Ejecutivo Europeo que active el estado de emergencia. En todo caso, será el Consejo Europeo, a través de una mayoría cualificada, el que tendrá la última palabra.