El Ejecutivo busca restringir los incentivos a bancos e intermediarios financieros que colocan fondos

El Ministerio de Economía publicó este viernes el borrador del decreto que traspone esa normativa comunitaria, a fin de que todos los actores implicados puedan presentar alegaciones hasta el próximo 18 de septiembre. Después serán revisadas para elaborar el texto definitivo, que habría de ser aprobado antes de final de año pues Mifid II debe entrar en vigor el 1 de enero de 2018.

El primer objetivo de Bruselas es introducir transparencia en este tipo de operaciones o, al menos, mucha más información para que bancos, ‘brokers’ y asesores no puedan actuar a espaldas de los clientes. Es decir, se trataría de evitar que no se prime a unos productos de inversión sobre otros según la comisión que el fondo en cuestión comparta con ellos en vez de su rendimiento esperado.

Desde el Ejecutivo parecen haberse atenido al espíritu, y prácticamente también la letra, de dicha directiva. En este sentido restringen aparentemente el cobro de esas comisiones, pero no las eliminan. De hecho, distintos bufetes consideran que la redacción resulta «bastante ambigua» en algunos puntos para permitirlo.

El borrador prevé tres supuestos para mantener tales incentivos. Primero, que se aclare cuánto cobra el fondo y adviertan de que su consejo no es independiente. Segundo, que se dé un asesoramiento añadido «de valor» para el cliente. Y, tercero, que se le facilite una oferta alternativa de otros productos «suficiente» y sin vínculos estrechos con la entidad.

Bancos y otros intermediarios financieros habían mostrado, de inicio, su rechazo a cerrar ese grifo de incentivos, al menos en exceso. Argumentaban que para dar los servicios extra que se requieren en Mifid II si se quiere cobrar un extra por colocar productos financieros tendrían que formar específicamente a sus empleados, lo que a su vez encarecería los costes que luego cobrarían a los clientes.

Por eso demandaron que como asesoramiento añadido pudiera contar, por ejemplo, su amplia red de sucursales. Los fondos, por su parte, pedían que se considerara como tal el mero hecho de que los usuarios rellenasen una ficha informática con sus gustos financieros y luego se les planteara una oferta según cuáles fueran sus propuestas.

Pero, a priori, el departamento que dirige Luis de Guindos no parece haberse hecho eco de sus peticiones. Claro que el texto, ahora en proceso de consulta pública, sí da pie a una cierta flexibilidad. Así, por ejemplo, se podría compaginar un consejo no independiente con “una oferta al cliente para evaluar, al menos anualmente, la continuidad de la idoneidad de los instrumentos financieros en los que invierta”.

Con ello se da a entender que bastaría con presentar al usuario de servicios financieros, por parte de la entidad o intermediario, un informe anual sobre cómo están yendo los fondos donde tiene su dinero para seguir cobrando lo que se conoce como retrocesión. Dado que los bancos ya solían realizar en los últimos años un test de idoneidad, bastaría con recopilar brevemente una información contable que se puede sacar mediante un programa informático nada complicado.

Algunos analistas del sector estiman, a la vista del anteproyecto de ley y el decreto que el Gobierno ha elaborado sobre Mifid II, que “las reglas del juego podrían terminar no cambiando tanto como se ha dicho”. Y es que aunque en sus textos Economía apunta que ese tipo de incentivos de los fondos no serán “aceptables” si la prestación de servicios correspondientes al cliente “está sesgada o distorsionada", habrá que esperar a ver si las restricciones se quedan en las ahora conocidas, donde caben varias interpretaciones, o terminan yendo más allá.