La Junta abona sus facturas en 2018 por debajo del plazo máximo de 30 días estipulado en la legislación estatal

En concreto, fue a través del Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La regulación mencionada introdujo una modificación en la metodología que empezó a aplicarse a partir del segundo trimestre de 2018. Así, en el mes de abril de 2018 el periodo medio de pago comenzó a computarse una vez que las administraciones aprobaban las facturas, mientras que con anterioridad se contabilizaba desde los 30 días siguientes a la entrada de las mismas en el registro.

Pese a estos cambios normativos, la Comunidad certificó el cumplimiento de la legislación en materia de morosidad en un ejercicio en el que el número de operaciones efectuadas se elevó el 4,94 por ciento y el importe de las mismas lo hizo el 3,73 por ciento con respecto a 2017.

Los datos recopilados en el informe analizado salieron de los correspondientes sistemas de contabilidad y gestión utilizados por cada entidad, que en el caso de la Administración General, los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado se almacenan en el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL).

La Junta ratificó su compromiso con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, puesto que durante el año pasado la Comunidad también respetó los objetivos de déficit y deuda pública fijados por el Gobierno para el último ejercicio.

El artículo 10.3 del Decreto 54/2014, de 23 de octubre, por el que se regula el procedimiento de Registro de Facturas en el Sistema de Información Contable de Castilla y León, indica que la Intervención General de la Administración de la Comunidad debe elaborar un informe sobre el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad.

Así, la Consejería de Economía y Hacienda presentó hoy al Consejo de Gobierno las conclusiones del documento, que ponen de manifiesto que la Comunidad realizó en 2018 un control adecuado de su deuda comercial, ajustando a la ratio máxima fijada por ley –30 días– el tiempo medio de abono de las obligaciones contraídas por los bienes o los servicios recibidos.