El encarecimiento de los alimentos tira al alza del IPC hasta el 8,7%

Este empeoramiento se debe a que los precios de los carburantes y de los alimentos han subido de nuevo en mayo, por lo que pese al abaratamiento de la electricidad, la tasa de inflación sigue al alza. Desde el INE destacan la variación de la inflación subyacente (que no incluye alimentos frescos ni productos energéticos), ya que ha subido cinco décimas de abril a mayo hasta situarse en el 4,9%, la tasa más alta desde octubre de 1995.

De hecho, la semana pasada el precio medio de la gasolina tocó un nuevo máximo histórico al situarse en 1,94 euros/litro, mientras que el diésel siguió en 1,87 euros/litro. Y un estudio de NielsenIQ indica que el 70% de los productos de la cesta de la compra han subido por encima del 5%, destacando el aceite, que ya cuesta un 75% más que hace un año.

Desde el Ministerio de Asuntos Económicos responden que este repunte está por debajo del máximo registrado en marzo y que las medidas de respuesta al impacto de la guerra (como la subvención a los carburantes de 20 céntimos/litro) «claramente están limitando el alza de los precios». Por ello, mantienen su previsión de que la inflación irá desacelerándose progresivamente durante la segunda parte del año, aunque «sin descartar oscilaciones durante los meses de verano» por la alta incertidumbre por el contexto económico global.

Pero que la cesta de la compra sea lo que está tirando del IPC es un problema mayor que cuando lo hacía la energía. La inflación subyacente es una tasa más complicada de bajar que la general, que tiene muy en cuenta el precio de los carburantes y la electricidad, más volátiles en el tiempo. «Es un problema para la economía española porque es una tasa que tiende a perpetuarse en el tiempo», explica el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres. Esto conlleva una «pérdida de competitividad para España» y destaca que esta es la medida que el BCE mira para ajustar sus tipos de interés.

Para hacerse una idea de cómo ha cambiado la situación, hace solo un año la inflación subyacente se situaba en el 0,2% (el IPC general, en el 2,7%). A partir de junio de 2021 fue comenzando su subida paulatinamente, en septiembre llegó al 1% y solo dos meses después ya había ascendido hasta el 2,1%. El pasado mes de febrero, cuando comenzó la guerra de Ucrania y se acentuaron los problemas de las cadenas de suministro, esta tasa ya estaba en el 3%, llegando al 4,4% en abril y situándose en el 4,9% en mayo.

En tasa mensual, el IPC registró un repunte del 0,8% respecto a abril,en contraste con la rebaja del 0,2% que experimentó el mes anterior. Es la mayor subida de la inflación en un mes de mayo desde 2018.

Por su parte, el IPCA, que proporciona una medida común de la inflación para poder hacer comparaciones internacionales, se situó en mayo en el 8,5% en tasa anual, dos décimas por encima de la de abril.

Ante esta situación, UGT advierte de que no subir los salarios supone un «lastre» para la economía y para el poder adquisitivo de los trabajadores y de las familias. El dato de IPC es «muy preocupante», según denunció el sindicato, que explicó que el continuo encarecimiento de la cesta de la compra, unido al moderado crecimiento salarial (un 2,4% pactado en los convenios hasta abril), «están restringiendo la capacidad de compra de los hogares, lo que repercute de manera negativa sobre la demanda y el crecimiento de la economía».

Ante esta coyuntura, al Gobierno ya solo le queda una posibilidad que consiga mitigar la escalada de precios entre las medidas que ha puesto en marcha: la autorización de la Unión Europea a la limitación del precio del gas en el mercado ibérico. Bruselas sigue estudiando la propuesta de España y Portugal. Aunque el Ejecutivo confía en que sea «pronto» cuando avale la medida, cada día que pasa pesa como una losa sobre el coste de generación de la luz y, por tanto, de toda la cesta de la compra, muy vinculada a los precios elérctricos del mercado diario.

Cuando llegue ese aval comunitario, los precios del 'pool' deberían descender hasta el entorno de los 130 o 140 euros/MWh, un 35% con respecto a la cifra media de abril, en los 200 euros/MWh. A partir de ahí, las compañías eléctricas irán trasladando a los recibos de los 10 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada los nuevos precios del kwh ya rebajados. Pero, dados los ciclos de facturación de cada compañía, previsiblemente no será hasta julio cuando los consumidores puedan notar la rebaja y, por tanto, el propio IPC.