El juez imputa a Iberdrola Renovables por pagar un contrato a Villarejo

El titular del Juzgado Central de Instrucción número seis señala que Iberdrola Renovables habría contratado a Villarejo a finales de 2011 a través del entonces director de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, para investigar a la empresa suiza Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario Christopher Kaap y a su apoderado Corneliu Dica, dentro del llamado 'proyecto Wind'.

La mercantil se había aliado con la compañía eólica para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía, pero con el tiempo surgieron conflictos que se acabaron resolviendo de forma favorable a la energética española tras un laudo. Sospechaban que Kaap estaba incurriendo en alzamiento de bienes. El encargo tuvo dos fases, en 2012 y 2017, y supuso el abono a Villarejo de un total de 114.200 euros, IVA incluido.

Estos hechos serían imputables a empleados y directivos de Iberdrola Renovables, dice el juez, recordando que en el momento en el que se habría contratado y ejecutado 'Wind' el presidente del Grupo Iberdrola, y en concreto de Iberdrola Renovables, era Ignacio Sánchez Galán, mientras que el director general de Negocios era José Luis San Pedro, ambos investigados.

Sin embargo, García Castellón entiende que también habría responsabilidad penal para la entidad al considerar indiciariamente acreditado que el supuesto encargo a Villarejo no se realizó a título individual por parte de los directivos y empleados de la compañía, «sino que se hizo en nombre o por cuenta de la mercantil Iberdrola Renovables Energía SA y en beneficio de la propia compañía».

El instructor destaca en este sentido que la factura emitida el 14 de febrero de 2012 por Cenyt -mercantil de Villarejo- por importe de 29.500 euros, en concepto de servicio de apoyo y logística de seguridad a personal en Rumanía, fue pagada por Iberdrola Renovables, «evidenciando con ello que la actuación de los investigados, como personas físicas, se llevó a cabo en todo momento en nombre y por cuenta de la propia compañía».

El magistrado insta ahora a Iberdrola Renovables a designar representante, abogado y procurador, indicando que, una vez celebrada la comparecencia prevista en la ley, tomará declaración al representante de la entidad, asistido de abogado.

Dado este paso, en el que cuenta con el respaldo del Ministerio Fiscal, el propio juez avanza que «en esta fase sumarial se deberá investigar, no solo que existía un sistema de prevención capaz de impedir la comisión del delito, sino que deberán esclarecerse, en su caso, qué medidas podrían haber evitado precisamente la comisión del delito investigado, si se implantaron o no, y por qué motivo».

El magistrado expresa «dudas» sobre la diligencia empleada en la contratación de Villarejo, apuntando a «omisiones relevantes en la diligencia exigible a Iberdrola Renovables». En concreto, reprocha que, aunque la empresa sostiene que acudió a Villarejo convencida de que era un funcionario en excedencia, su jefe de Seguridad debía conocer que el escalafón de miembros de la Policía Nacional se publica anualmente, subrayando que su consulta «resulta fácilmente accesible por cualquier funcionario», por lo que una mera comprobación le habría permitido saber que el comisario aún estaba en activo.

Fuentes de Iberdrola han descatado que el auto limita la presunta responsabilidad penal a un pago de febrero de 2012, por valor de 29.500 euros, y que se descarta cualquier ilegalidad en el mismo. Por este motivo, no se le atribuyen delitos de falsedad documental ni de revelación de secretos. Las mismas fuentes añaden que Iberdrola Renovables es una filial con un consejo de administración propio, en el que Sánchez Galán nunca ha sido presidente ni consejero, en contra de lo que dice el auto.

Además, siguiendo igualmente el criterio del Ministerio Público, García Castellón acuerda en el mismo auto el sobreseimiento libre para el que fuera director de Control de Funciones Corporativas, José Antonio del Olmo, que comunicó irregularidades a raíz de otro supuesto encargo de Iberdrola a Villarejo: el 'proyecto Arrow'.

Iberdrola se querelló contra Del Olmo por un presunto delito de falsedad en documento privado, alegando que el informe elaborado por el exdirectivo sobre contabilización de facturas anómalas por la Dirección de Seguridad Corporativa de 1 de diciembre de 2004 era un 'dossier' manipulado que se había creado para perjudicar a la compañía.

La querella se presentó en un juzgado de instrucción de Bilbao en 2020, pero acabó incorporándose a esta pieza separada del 'caso Villarejo', donde la eléctrica solicitó personarse como acusación particular, abriendo la puerta a un posible conflicto de intereses por su estatus procesal. En la resolución de este viernes, el juez ni siquiera entra a estudiar el fondo del asunto al concluir que el presunto delito estaría prescrito.

Al mismo tiempo, el instructor ordena «necesariamente» la expulsión de Iberdrola S. A. en su condición de acusación particular, que mantenida hasta ahora, «en la medida en que no sería perjudicada por los hechos objeto de investigación en la presente pieza».