Hacienda suspende la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021

De esta manera ataja el Gobierno el conflicto que había estallado con los ayuntamientos y con la mayor parte de los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y que dio lugar a su primera derrota parlamentaria el pasado 10 de septiembre, cuando propuso vía decreto que las entidades locales le cedieran sus remanentes a cambio de lo cual el Ejecutivo repartiría un fondo de 5.000 millones de euros. Ésta fue la primera manera -y, de acuerdo con sus palabras, única- que encontró Hacienda para incrementar la disponibilidad de recursos por parte de los Ayuntamientos.

Pero, ahora, la suspensión de las reglas fiscales por parte del Gobierno permitirá que los ayuntamientos puedan recurrir a sus remanentes de tesorería sin que sea de aplicación la restricción del déficit. Las entidades locales, y también las comunidades autónomas, podrán destinar su superávit a otros fines que no sean la amortización de deuda, como establece la ley de estabilidad presupuestaria, popularmente conocida como Ley Montoro, que fue aprobada en el año 2012. Además, los objetivos de estabilidad presupuestaria no actuarán como límite a las inversiones financieramente sostenibles.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha valorado muy favorablemente que ahora los ayuntamientos y el resto de entidades locales, incluidas las diputaciones, podrán usar sus remanentes sin ningún límite, ni por regla de gasto ni por el que establecía la norma de la estabilidad presupuestaria. Ello, ha afirmado Caballero, hará posible que se movilicen en torno a 14.000 millones, que es el volumen en que se calcula el total de los remanentes disponibles de los ayuntamientos. «Ahora se van a utilizar porque se nos permite entrar en déficit. Esta es una gran noticia», afirmó Caballero, que recordó que los municipios llevaban demandando desde 2012 poder gastar sus recursos.

La ministra Montero se había escudado hasta el momento en que tanto la ley de estabilidad presupuestaria como la Constitución prohibían a los ayuntamientos incurrir en déficit. Pero las medidas adoptadas este miércoles, que entrarán vigor una vez el Congreso de los Diputados aprueben la senda del déficit con vistas a los presupuestos de 2021, implican que se abre la puerta a que los municipios puedan entrar en una situación de desequilibrio fiscal.

De acuerdo con Caballero, las conversaciones continuarán con Hacienda en lo sucesivo, porque quedan pendientes de negociar cuestiones tales como la actualización de las entregas a cuenta, el fondo para compensar la caída de los ingresos del transporte público y las ayudas por valor de 5.000 millones de euros, a las que no renuncian.

La decisión de suspender las reglas de estabilidad presupuestaria, afirma el Gobierno, va en línea con las acciones adoptadas a nivel europeo y «tiene el objetivo dar a las administraciones públicas todos los instrumentos posibles para luchar contra la pandemia y proteger a las familias y las empresas», según argumenta Hacienda en un comunicado.

La Comisión Europea y el Consejo aprobaron el pasado marzo activar la cláusula general de salvaguarda, que se mantendrá activa no sólo para este año, sino también para 2021. Ello implica que no se suspenden los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, pero hace posible a los Estados miembros dejar en suspenso la senda de consolidación fijada con anterioridad a la crisis.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) había insistido al Gobierno en numerosas ocasiones a acogerse a esta posibilidad para hacer frente a la gestión de la pandemia, que implica un incremento importante de los gastos por los programas de protección social y empresarial puestos en marcha, al tiempo que merma los ingresos públicos como consecuencia de la reducción de la actividad económica. Justo este miércoles el Banco de España ha revelado que la deuda sobre el PIB cerró el primer semestre del año por encima del 110%, un nivel récord. Y diversos organismos proyectan un término de ejercicio con esta rúbrica en niveles próximos al 120% del PIB.