Las grandes potencias occidentales pactan la histórica reforma fiscal

Se establece una tasa mínima de «al menos el 15%» que obligará a colosos como Google, Facebook o Amazon a pagar más impuestos; una factura acorde a sus multimillonarios beneficios.

El pacto global debería, además, frenar la elusión (y evasión) fiscal; trabar la ingeniería contable de las grandes corporaciones. Y neutralizar iniciativas recaudatorias unilaterales en favor de reglas compartidas por todos. Esas iniciativas encadenaron disputas con Estados Unidos y un fuego cruzado de aranceles que deberían diluirse.

La otra consecuencia potencial del acuerdo apunta hacia los paraísos fiscales. La evasión a Samoa Americana, Anguila, Barbados, Fyi, Guam, Palau, Panamá, Samoa, Seychelles, Trinidad y Tobago o Vanuatu, por citar algunos, será más complicada. Como también que socios europeos como Países Bajos, Luxemburgo o Irlanda sigan haciendo 'dumping fiscal' al resto de la UE. Países que han torpedeado la posibilidad de desplegar una tasa digital paneuropea como la que ahora se plantea como referencia mundial.«Espero con interés participar ahora en los debates en la OCDE. Hay 139 países en la mesa, y cualquier acuerdo tendrá que satisfacer las necesidades de los países pequeños y grandes, desarrollados y en desarrollo», lanzaba ayer el responsable económico de Irlanda, Pascal Donohoe. El también presidente del club del euro (Eurogrupo) tenía una reacción fría.

Nada que ver con la euforia que destiló su colega francés, Bruno La Maire: «Después de cuatro años de lucha, se ha alcanzado un acuerdo histórico entre los estados miembros del G7 sobre impuestos mínimos a las empresas y a los gigantes digitales». Casi simultáneamente, su colega británico, Rishi Sunak, utilizaba el mismo calificativo («histórico») para destacar el éxito de la cita.

De «revolución fiscal» y «solidaridad» habló el alemán Olaf Schol que se confesaba «muy feliz» del gran avance logrado en Londres.

Alemania, Francia e Italia, con el apoyo de España desde el exterior, habían fijado una posición común en la mesa de negociaciones del G7. Pedro Sánchez se asomaba a Twitter para destacar que la mayor contribución que se exigirá a las grandes compañías permitirá «una mejor distribución de la riqueza para alcanzar mayores cotas de justicia social».

El compromiso se concretaba en la segunda jornada de esta reunión de trabajo ministerial.

En la declaración final se insiste en que las corporaciones deberán pagar impuestos en los países donde operan y no solo donde tienen su sede. Un punto de partida a partir del cual se plantea que «las reglas se aplicarían a empresas con al menos un margen de beneficio del 10%». «El 20% de cualquier beneficio que esté por encima de ese 10% reasignado» se considerará como generado en los países en los que operan y gravado en consecuencia.

Lo que técnicamente se ha identificado como 'pilar dos' es lo que aporta la clave de este pacto sin precedentes en el último siglo. Implica que los Gobiernos se comprometen a un impuesto de sociedades global mínimo de «al menos el 15%» aplicado país por país para evitar una potencial competencia a la baja.

Según un informe del Observatorio Europeo de Fiscalidad, España recaudaría cada año con ese 15% de tasa mínima de recudación 700 millones de euros. En el mismo documento se calculaba también un incremento de alrededor de un 44% del flujo de dinero sobre una tasa del 25% (hasta 12.400 millones). Con la del 21%, de la que se habló semanas atrás, los ingresos extras para el país se situarían en el entorno de los 5.400 millones anuales.

El pacto de Londres será respaldado por los responsables económicos en la cumbre de líderes del G7 que se celebrará en Carbis Bay, Cornualles, del 11 al 13 de este mes. Será el primer encuentro presencial al más alto nivel desde el estallido de la pandemia.

Aunque el debate en profundidad de ese nuevo marco fiscal internacional se abrirá a más países durante una discusión «con más detalle» en otra reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 en julio y que precederá a otra de mandatarios en Venecia. El desenlace debería producirse en otoño en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que, hasta la fecha, ha sido incapaz de poner de acuerdo a todos los Gobiernos para activar una tasa digital.