El Gobierno rebaja al 15% el impuesto de Sociedades para startups

Según ha detallado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la norma también prevé aplazamientos de las deudas tributarias e incluye otras propuestas como la posibilidad de elevar de 12.000 a 40.000 euros el límite exento de tributación de las denominadas 'stock options' (entrega de acciones a los trabajadores).

El anteproyecto de Ley aprobado este martes va en línea con uno de los objetivos del Componente 13 del Plan de Recuperación, el dedicado al impulso a las pymes. Dentro del mismo ya se anunciaba que esta Ley incluiría «las reformas fiscales y de cotizaciones a la seguridad social, así como la atracción de emprendedores e inversores extranjeros, compatibles con los objetivos de consolidación fiscal».

Entre los incentivos para atraer la inversión a este tipo de compañías de nueva o reciente creación, el Gobierno propone elevar la base máxima de deducción por estas inversiones, de 60.000 a 100.000 euros anuales. Además, se incrementa a 5 el periodo en el que se estima que una empresa es de nueva creación, plazo que puede aumentar a 7 años en el caso de algunos sectores como el de la biotecnología.

También se creará un nuevo tipo de visado para los teletrabajadores y favorecer así la instalación en España de los denominados 'nómadas digitales', que además podrán acogerse al impuesto sobre la renta de no residentes.

Dentro del Plan de Recuperación se prevé impulsar el crecimiento de estas empresas «innovadoras y disruptivas» en el ámbito tecnológico. En particular, se prevé apoyar una red de centros de apoyo en todo el territorio (RENACE) así como la dotación de un fondo de inversión público-privada NEXT TECH para invertir en estas compañías.

El Gobierno también ha querido aunar todos los criterios que definirán a una empresa emergente que se podrá beneficiar de la futura norma. Entre otras, tendrá que tener su sede social y más de la mitad del empleo con contratos en España, una antigüedad inferior a los cinco o los siete años. Además, no debe ser una empresa cotizada, ni distribuir dividendos y tener una facturación inferior a cinco millones de euros.