El Gobierno prevé crecer el 2,1% y crear más empleo a pesar de la desaceleración

Este optimismo macroeconómico se ha visto plasmado en el documento remitido a Bruselas este martes, y cuando apenas restan algo más de tres semanas para las elecciones generales del 10 de noviembre, donde apunta que España «seguirá creciendo pro encima de la media de la zona euro y de forma más saneada». Y ello a pesar de que reconoce que existe una «ralentización provocada por factores externos y la incertidumbre internacional», con variables tan negativas como la guerra comercial, el desenlace del 'brexit' o la recesión de economías tan necesarias para España como la de Alemania.

Finalmente el Ejecutivo se ha visto obligado a recortará estas expectativas como ya venía anticipando Nadia Calviño al señalar que España no podía quedar ajena al «enfriamiento» que sufre la economía mundial en los últimos meses, aunque ayer mismo ya advirtió de que hay restar catastrofismo a un ajuste de «una décima arriba o abajo». En cualquier caso, el Gobierno achaca «casi en su totalidad» esta rebaja a la revisión estadística de la Contabilidad Nacional Anual realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al periodo 1995-2018 que ha supuesto una revisión a la baja del crecimiento del PIB en el periodo 2016-2018.

Se trata de la actualización de previsiones más optimista de todos los organismos, sin contar con la del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se nutre de los datos del propio Ejecutivo. Sin embargo, no hay ningún organismo que haya anticipado un crecimiento superior al 2% este año. El Banco de España rebajó cuatro décimas su proyección de crecimiento del PIB hasta ese 2%, mientras que el gabinete de expertos de Funcas lo hizo hasta el 1,9% y este lunes BBVA Research también lo dejaba en el 1,8%.

Ante estas mimbres, el Gobierno también anticipa que ninguno de los factores externos que se ciernen sobre las economías del entorno puedan afectar a España al estimar que el nivel de creación de empleo será aún mayor este año de lo que inicialmente esperaban. El alza del empleo será del 2,3% en 2019 y del 2% en 2020, lo que se traduce en dos décimas más con respecto al anterior cálculo realizado en abril. Los registros llegan después de un mes como el de septiembre en el que la afiliación a la Seguridad Social ha sido la más baja desde 2013, el peor año de la crisis. En cualquier caso, Economía anticipa la misma tasa de paro que en su anterior cálculo: un desempleo del 13,8% para este año y un 12,3% para el próximo.

El nuevo cuadro macro sí asume una realidad más cruda en otras variables como la relacionada con el consumo interno, uno de los pilares que sostienen al conjunto de la actividad, que caerá de forma relevante durante los próximos meses al aportar 0,9 puntos del PIB este año y 1,2 puntos el próximo, frente a cerca de los dos puntos estimados hasta ahora para 2019. La demanda doméstica se resentirá como consecuencia de las incertidumbres que retraen las decisiones de compra e inversión de los ciudadanos.

Por su parte, el crecimiento de las exportaciones se desploma hasta un alza del 1,7%, lo que representa un punto menos que en el anterior cuadro, como consecuencia de la incertidumbre internacional; y las importaciones se mantendrán finalmente en plano frente a un auge esperado del 3,1%, precisamente por la situación que se vive en otros países. Este comportamiento se refleja en el saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente, que se espera que se sitúe en el 1,8% y 1,6% del PIB en 2019 y 2020. Esto permitirá que la capacidad de financiación de la economía española permanezca por encima del 2% del PIB este año y el próximo.

A falta de unos Presupuestos del Estado actualizados -España mantiene los prorrogados de 2018 sin ninguna medida adicional- el Ejecutivo mantiene el compromiso de cerrar este año con un déficit del 2% para este ejercicio. Sin embargo, anticipa de nuevo su intención de poner en marcha «medidas tributarias de carácter adicional» con impuestos como el las tecnológicas, transacciones financieras, medioambientales y la reforma del de Sociedades. Sin estos impuestos, prevé que el déficit pueda reducirse, como mucho, hasta el 1,7% del PIB el próximo año, una cifra que se sitúa «muy por encima» del objetivo del último Programa de Estabilidad, que lo fijaba en el 1,3%.

Por eso, el Ejecutivo se aferra a la aprobación de unas nuevas cuentas públicas en el primer trimestre de 2020 para poder aplicar los nuevos impuestos que ya anunció el día después de las elecciones generales del pasado 28 de abril. En ese programa remitido a Bruselas anticipaba unos ingresos adicionales de 5.654 millones de euros. Con ese capital, el Gobierno sí podría alcanzar los objetivos presupuestarios más cercanos a un déficit del 1,3%. Por ello, remite a presentar «una actualización del Plan Presupuestario tan pronto como sea posible».

Entre esas medidas se encuentra un incremento del Impuesto de Sociedades (1.776 millones más) al fijar una tributación mínima del 15% para las grandes compañías, mientras que el tipo bajará del 25% al 23% para las pymes que facturen menos de un millón de euros; en el IRPF se prevén 328 millones más por subírselo a quienes ganen más de 130.000 euros al año (pagarán un tipo máximo del 47%, dos puntos más) o más de 300.000 euros (un 49%), así como el incremento del tipo de las bases del ahorro superiores a 400.000 euros (al 27%). A ello se sumaría el alza del Impuesto de Patrimonio (339 millones de euros), así como la tasa digital (o tasa 'google'), con la que se espera ingresar 1.200 millones; la de las transacciones financieras (otra inyección estimada en 850 millones), así como el incremento del precio del diésel en 3,8 céntimos por litro, lo que se traduciría en unos ingresos de 670 millones.

El Gobierno estima que sin esas medidas, sería imposible reducir el déficit porque el dinamismo que han tenido hasta ahora los ingresos será menor a partir de 2020. Así anticipa que ocurrirá en el caso del IRPF, sobre el que prevé una «desaceleración» de sus ingresos tanto por la «suave ralentización» en la remuneración por asalariado y por la evolución prevista del empleo, más moderada que hasta ahora.

Las previsiones sí incorporan la reincorporación de 2.336 millones de euros al presupuesto público tanto por la recuperación de varios impuestos que se han dejado de aplicar en 2019 como por el gasto derivado de algunas medidas como la prestación por maternidad. En el caso del reintegro del IRPF para los padres afectados, el Estado ya no tendrá que devolver los 885 millones destinados a este fin tras la sentencia del Tribunal Supremo. Además, al volver los impuestos de generación de la luz -suspendidos hasta abril de este año-, se ingresarán 721 millones; y seguirá en vigor la equiparación del tramo autonómico de las gasolinas en ocho comunidade, que inyectarán 730 millones de euros.

Con todas estas mimbres, el Ejecutivo ha aprovechado la remisión del nuevo cuadro macro a Bruselas para confirmar dos medidas sociales de calado, justo cuando restan cuatro semanas para la cita electoral del 10 de noviembre. Por una parte, la revalorización de las pensiones, cuyo alza estimado será del 0,9%, una décima más que las previsiones de inflación que mantienen las grandes casas de analistas para este ejercicio. Por otra parte, el Gobierno anuncia que aplicará en 2020 un alza salarial del 2% para los funcionarios, una medida también supeditada a que el Ejecutivo no esté en funciones a la espera de los resultados de las elecciones.