El Ministerio de Transición Ecológica ha puesto encima de la mesa el primer borrador para modificar la tarifa regulada de la luz, un contrato que ha dado demasiados sustos en el último año a millones de hogares por la volatilidad de precios eléctricos que incluye. ... El departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha sacado a consulta pública el documento para la reforma del PVPC (Precio Voluntario del Pequeño Consumidor) con el que se intentará estabilizar ese recibo tomando nuevas referencias más allá de los precios del mercado mayorista que diaria y horariamente expone el mercado.
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A grandes rasgos, la idea del Ejecutivo pasa por tomar como referencia un conjunto de precios temporales que pueden ser medias mensuales, trimestrales e incluso anuales, en vez de las referencias horarias actuales que llegan a dispersar el coste eléctrico a lo largo de un día hasta llegar a duplicarlo e incluso triplicarlo, en función de las horas en las que cada hogar realice un consumo más intensivo de la luz. Para evitar esas grandes oscilaciones, se tomarán como principal referencia los precios anuales y así se intentará conseguir una variación que no supere la franja de entre el 15% y el 20%.
Esta reforma de la tarifa regulada fue uno de los grandes compromisos adquiridos por España ante la Comisión Europea después de autorizarles el mecanismo ibérico por el que se topaba el precio del gas en el mercado ibérico. Porque España es aún el único país que mantiene una tarifa regulada tan volátil como la que existe en estos momentos.
En Francia, por ejemplo, está fijada a un año vista y su precio se calcula fundamentalmente como un promedio entre el coste de la nuclear histórica y el precio del mercado a plazo. En Portugal, también a un año, se calcula como un promedio del precio del mercado a plazo (para lo que el CUR adquiere a plazo) y una previsión del precio hecha por el regulador del país. En Gran Bretaña, la tarifa regulada se calcula cada seis meses;y en Italia, cada trimestre, para dar estabilidad a los recibos acogidos, aunque está previsto suprimirla en el año 2023. En Alemania, por ejemplo, ya no existe esta opción.
El Ministerio de Transición Ecológica ya puso en marcha en octubre del año pasado una consulta previa para cambiar esta modalidad del PVPC, a la que se pueden acoger suministros con menos de 10 kilovatios de potencia contratada. Se trataba de recabar «propuestas para reducir la volatilidad del PVPC y optimizar su diseño con vistas al proceso de transición energética». Era una de las peticiones de las eléctricas, y una de las medidas incluidas en el plan de choque del Gobierno. Pero su tramitación no fue inmediata. Y, finalmente, fue descartada ante la presión de las organizaciones de consumidores y usuarios.
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Sin embargo, la escalada de precios eléctricos que sufre España desde el verano pasado, agravada por la guerra en Ucrania, ha provocado un cambio radical en las tarifas que tenían contratadas los ciudadanos, al trasladarse masivamente del mercado regulado al libre como nunca antes lo habían hecho, en busca de tarifas más estables. En concreto, 1.250.101 hogares optaron en 2021 por algunas de las decenas de tarifas estables que ofrecen las comercializadoras y decidieron salir del PVPC, después de registrar continuos récord históricos de costes.
Este número abultado de cambios de consumidores del mercado regulado al libre supone más que duplicar la petición de traslado entre ambos tipos de tarifa en 2020, cuando apenas superó el medio millón de portabilidades. Además, la cifra registrada el año pasado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) revela un dato récord de traslados de tarifa, frente a los 663.000 de 2019 o los 737.000 de 2018.
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También hubo quien pasó del mercado libre al regulado, aunque posiblemente lo hicieran en la primera parte del año pasado, cuando los precios del 'pool' eran todavía relativamente bajos, antes de que comenzaran a repuntar desde el mes de junio. Unos 428.000 hogares optaron por la tarifa regulada desde alguna de las libres.
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