Las zonas afectadas por el cierre de centrales tendrán ayudas estatales

En esos y otros casos, se implantarán «convenios de transición para que los cierres tengan un impacto cero» en materia económica y de empleo para esas zonas y sus ciudadanos. Se facilitará el acceso a la financiación a nuevos proyectos, con ayudas europeas; y se habilitarán «incentivos fiscales», aunque no los detalló. Esos planes, incluidos en la Estrategia de Transición Justa que analizará este viernes el Consejo de Ministros, pueden salir adelante a pesar de la disolución de las Cortes, prevista para el 5 de marzo, porque tienen asignada una partida presupuestaria en las cuentas en vigor prorrogadas del Gobierno anterior.

En cualquier caso, este Ejecutivo, y el que surja de las urnas, tiene enfrente la oposición de los municipios que se verían afectados por el cierre de, por ejemplo, las nucleares, cuyo desmantelamiento estaría previsto desde 2025 hasta 2035. En el caso del carbón, el Gobierno ha llegado recientemente a un acuerdo que ha aplacado la tensión en las zonas mineras más afectadas.

El programa presentado este miércoles incluye dos normas más que marcan nuevos objetivos medioambientales, más ambiciosos que los que se habían planteado. Consciente de las críticas generadas en los últimos meses, Sánchez indicó que estas propuestas «no son nada caprichosas, sino posibles»; y cargó contra los «demagogos» que obligan a elegir entre «trabajo» o «sostenibilidad». Sin embargo, en lo que respecta a la tramitación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático, quedará paralizada por la convocatoria de las elecciones generales. Y el Plan de Energía y Clima sí se remitirá a la Unión Europea, pero sin un desarrollo normativo en España, quedará a la espera de lo que dicte el futuro Gobierno.

El plan prevé que el 42% de la energía total consumida en España en 2030 -y el 74% de la luz- procederá de renovables. Supone duplicar la que se alcanzará el próximo año -un 20%-, una cifra más ambiciosa que la ideada por el Gobierno hasta ahora (un 35%) y la de la UE (32%).

Sánchez también ratificó su intención de prohibir a partir de 2040 la matriculación de vehículos que funcionen con motores de combustión, esto es diésel y gasolina. Aunque hubo dudas entre varios Ministerios sobre el impacto de esta medida, finalmente se ha impuesto la tesis de que todos los coches nuevos sean eléctricos dentro de 21 años.

También hizo referencia al impacto que estas medidas tendrán en la industria automovilística al afirmar que «tiene que ser la española la que se beneficie de esta nueva ola» de cambios en el paradigma medioambiental. De hecho, los cálculos de Transición Ecológica indican que el programa movilizaría 200.000 millones de euros y generaría 300.000 puestos de trabajo. Una buena parte de esa cifra estará orientada al sector automovilístico, lo que permitiría un incremento de entre 48.000 y 53.000 empleos en industrias manufactureras en 2030.