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En el paquete de medidas sociales aprobada este martes por el Gobierno se incluye una de las actuaciones que ya han puesto en marcha otros países, como Italia: la moratoria en el pago de las hipotecas a los ciudadanos que se vean afectados por la ... suspensión de sus empleos o actividades profesionales como consecuencia del coronavirus.
En el caso de trabajadores por cuenta ajena que acaben en el paro durante las próximas semanas, podrán dejar de pagar la hipoteca al banco. Y si son autónomos, deben acreditar que han sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída relevante de ventas. Para ello, sus ingresos anuales no podrán superar en tres veces el Iprem (7.519 euros). Si tienen hijos o ascendientes en ese hogar, así como personas con discapacidad, los límites se incrementan.
Además, el Consejo de Ministros ha prohibido durante un mes, aunque con carácter prorrogable, cortar los suministros de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables, los vulnerables severos o los que están en riesgo de exclusión social.
El Ministerio para la Transición Ecológica, competente en materia de energía, ya está en contacto con las compañías suministradoras de estos servicios para hacer efectiva la medida.
La norma también prorroga la vigencia del bono social eléctrico que deben renovarlo en estos meses, que tendrán tiempo de hacerlo hasta el próximo 15 de septiembre, y además, suspende la revisión de los precios de los precios máximos de venta al público de los gases licuados del petróleo envasados, como la bombona de butano, y la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural para evitar que suban en estos momentos.
Entre otras medidas, se habilita un fondo especifico de contingencia para reforzar la atención a personas mayores, sin techo y en residencias de mayores y dependientes por valor de 300 millones. Y se flexibiliza de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan usar su superávit si lo invierten en partidas de atención social: atención a la dependencia, servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al coronavirus. Esta medida conlleva un importe de 300 millones.
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