El Gobierno congelará en 2018 la parte fija del recibo de la luz

Los denominados 'peajes' son todos aquellos conceptos que los clientes pagan mensual o bimensualmente, para mantener el sistema eléctrico, y están referidos a los costes del transporte -de las centrales a los puntos de alta tensión-, la distribución -hasta cada vivienda o empresa-, la insularidad -para compensar el gasto de llevar la luz a Canarias sin que ello repercuta en el precio que allí se abona-, o las primas a las energías renovables. El otro 40% de la factura depende exclusivamente del coste de la energía -ya sea el precio regulado PVPC o la tarifa pactada con la eléctrica-, además de los impuestos (IVA y tributos eléctricos).

Nadal ha puesto sobre la mesa esta medida para ayudar a moderar el incremento de la factura en su totalidad. "Es la parte sobre la que puede actuar el Gobierno", ha puntualizado el ministro al recordar que el resto de la factura dependen, entre otros factores, del precio de las materias primas como el petróleo, así como de la evolución meteorológica: cuanto más llueva y más viento haga, más se pueden usar las plantas hidroeléctricas y eólicas, que son las que abaratan los costes de generación.

De hecho, la previsión es que este invierno la tarifa del Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC) que tienen contratada 11,5 millones de consumidores, se incrementará un 37% con respecto al precio mínimo del año que marcó el mercado mayorista en marzo. Según los datos del gestor OMIP, el coste medio de la luz puede llegar a los 58,9 euros por megavatio/hora (Mwh) en el mes de enero, lo que representa una subida del 25% con respecto al verano, cuando en agosto se alcanzaron los 47,4 euros/Mwh.

El departamento dirigido por Nadal se encuentra con otro problema al que está haciendo frente en estas últimas semanas: la solicitud de cierre de diversos tipos de centrales. A la clausura definitiva de la nuclear de Garoña (Burgos) se unió la semana pasada la petición de Iberdrola de hacer lo propio con sus dos instalaciones térmicas -que funcionan a través de carbón- en Asturias y Castilla y León, así como la solicitud de otras compañías de cerrar determinadas plantas de ciclos combinados. "Tenemos numerosas peticiones de cierre de centrales, no solo de carbón, también de gas", ha desvelado Nadal, quien ha señalado que la intención del Gobierno con el decreto de cierre de centrales es que la clausura de estas centrales, de llevarse finalmente a cabo, se aborde de forma ordenada y con arreglo a criterios "lógicos".