El Gobierno asume un frenazo económico más largo de lo esperado en su plan anticrisis

Uno de los pilares de la nueva hoja de ruta será el de mitigar el impacto de la subida de los precios energéticos. En este punto, el Gobierno descarta una rebaja masiva de impuestos en materia eléctrica (factura de la luz), energética (combustibles) o de otras figuras impositivas, tras el ajuste fiscal llevado a cabo el pasado verano sobre el IVA de la factura (del 21% al 10%) o el gravamen especial eléctrico (del 5,1% al 0,5%, el mínimo exigido por la UE). La medida se mantiene prorrogada, al menos, hasta el próximo 30 de junio. Pero el alza de los costes energéticos durante todos estos meses prácticamente se ha comido sus efectos positivos. «Nadie nota hoy que el IVA esté rebajado en su recibo», apuntan fuentes gubernamentales.

Esa es básicamente la razón por la que el Ejecutivo descarta una reducción impositiva generalizada. Cualquier modificación del IVA implica, además, el rastreo de Bruselas a los Estados miembro. Y en el caso de los hidrocarburos, el margen para actuar es limitado, al estar más cerca del suelo mínimo permitido por Bruselas en gasolina o diésel. Por ello, la actuación se centrará en aprobar todo tipo de bonificaciones, ayudas, cheques, etc. «Serán medidas enfocadas a sectores concretos y a rentas concretas», apuntan fuentes cercanas a la negociación de ese decreto.

Por ejemplo, el plan incluirá los 1.050 millones de euros pactados el viernes con los transportistas entre ayudas directas y bonificaciones de 0,20 euros por litro de combustible.

Otro de los objetivos que en las últimas semanas ha perseguido el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el de incentivar un gran pacto de rentas, con subidas salariales moderadas para 2022 o cláusulas de garantía salarial a las que se opondrían la patronal y el Banco de España, por el riesgo de agravar la espiral inflacionista. Ante esta dificultad para el acuerdo, el Gobierno sí podría anunciar alguna actuación directa sobre las empresas limitando, por ejemplo, el reparto de dividendos en aquellas que perciban ayudas o subvenciones, como ya se hizo con las que se acogieron a los ERTE durante la pandemia.

Se sabe, de hecho, que el documento incluirá ayudas a la liquidez, con una nueva línea de avales del ICO, similar a la que salvó el tejido productivo durante los meses más duros de 2020. De hecho, se ha decidido ampliar los plazos de vencimiento de aquellos créditos aún vigentes. Ytambién los de carencia, que debían empezar a pagarse este mismo trimestre.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anticipó además su intención de aprovechar el Plan Nacional para recuperar la prohibición del despido objetivo si la causa tiene que ver con el conflicto en Ucrania.

Los detalles del documento –que podrían incluir otros puntos como la congelación de la cláusula que liga el precio del alquiler al IPC– se conocerán en las próximas horas. Pero es seguro que los mismos no han sido desarrollados para el corto plazo.

El reguero de efectos económicos de esta crisis, sobre todo en materia energética, precios e inflación, resulta abrumador. Yel Ejecutivo ha trabajado con un escenario más inestable en el tiempo del que se preveía cuando Rusia invadió Ucrania. Por ahora, la mayor parte de las medidas estarán en vigor hasta una fecha clave, el 30 de junio. Pero ningún departamento económico de Moncloa descarta prórrogas que lleguen incluso más allá del verano si la situación se enquista.