El Gobierno aprueba un techo de gasto que sube un 53,7%, hasta un récord de 196.097 millones

Además, el techo de gasto sube en casi 70.000 millones de euros, un 53,7%, desde los 127.609 millones de euros en que se calculó el techo de gasto para 2020 cuando comenzaron a prepararse el pasado febrero los Presupuestos para este año, proceso que se vio abortado por la emergencia de la pandemia. También en febrero, el Gobierno había asumido un techo de gasto de poco más de 131.000 millones de euros para 2021.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que, dentro de esta cifra global, que se acerca a los 200.000 millones de euros, se incluye «un límite de gasto homogéneo», que es el que considera «comparable» con los algo más de 127.000 millones del año 2020, y que se sitúa en los 136.770 millones de euros. Esta cifra suma a la precedente la partida correspondiente al ingreso mínimo vital aprobado este año, los mayores gastos destinados a dependencia y a la educación y las aportaciones a la Unión Europea. Este volumen es un 7,2% superior al del ejercicio 2020, que viene determinado por la prórroga de los presupuestos de 2018, ajustando los ingresos y los gastos.

A esa cifra se suman las dos transferencias que se van a efectuar a la Seguridad Social y a las comunidades autónomas desde el Estado central y que serán de 18.396 y los 13.486 millones de euros, respectivamente, en el año 2021 para afrontar parte de su déficit.

Además, se van a incorporar los 27.436 millones de euros en que se calculan los recursos comunitarios que llegarán a España el año que viene tanto del mecanismo de recuperación y resiliencia como del fondo React.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se refirió al techo de gasto aprobado por el consejo de ministros de este martes como de un nivel «inédito», «que no permite comparación con los ejercicios pasados». Montero afirmó que «la cifra habla por sí sola» y «refleja la ambición de este gobierno para marcar un antes y un después en la configuración del presupuesto» y «abordar las transformaciones que necesita el país».

Si bien el consejo de ministros ha suspendido las reglas fiscales para este año y 2021, el Gobierno ha presentado niveles de déficit de referencia. En este sentido, para este año, prevé un descuadre presupuestario del 11,3%, lo que supone una revisión desde el 10,34% que presentó a Bruselas el pasado mes de mayo. Esta corrección, según explicó Montero, obedece al impacto más intenso de la primera oleada de la pandemia y a los rebrotes de la segunda oleada, así como a la revisión a la baja del PIB de este año desde el -9,2% hasta el -11,2%.

Para el año 2021, el Gobierno prevé una corrección «de forma muy clara» en el déficit, hasta el 7,7% del PIB, lo que supone una caída de 3,6 puntos respecto a la previsión para 2020. Se tratará, afirmó Montero, «de una de las mayores reducciones del déficit jamás registrada en nuestro país». Ello será así, según matizó, «sin recortes»: «Ahora hablamos de una reducción del déficit compatible con el estado del bienestar y la justicia social; será una consolidación fiscal sin dejar a nadie atrás», afirmó la ministra.

De esos 7,7 puntos de PIB de déficit, en primera instancia, la Administración General del Estado explicará 2,4 puntos; las comunidades autónomas, 2,2 puntos; la Seguridad Social, 3 puntos; y las entidades locales, 0,1 puntos.

Pero, con las transferencias que va a aprobar el Gobierno a las comunidades autónomas (13.486 millones de euros) para cubrir la mitad de su déficit y la de 18.396 millones de euros para la Seguridad Social, que cubrirá 1,7 puntos de su déficit, al final, el Estado central acabará asumiendo 5,2 puntos del descuadre presupuestario total de las Administraciones Públicas, frente a los 1,1 puntos de las autonomías y los 1,3 puntos de la Seguridad Social.

María Jesús Montero explicó que esas transferencias que ha decidido el Ejecutivo obedecen al objetivo del Gobierno de apoyar a las entidades que son las principales responsables de la provisión de los servicios del Estado del bienestar, así como al «compromiso de este Gobierno con la sostenibilidad del sistema de pensiones».

La ministra Montero confía en un incremento de los ingresos tributarios para el próximo ejercicio, en que el PIB prevé el Gobierno que se expanda un 7,7%. Pero no anticipó que vaya a haber cambios fiscales de relevancia.

El consejo de ministros también ha aprobado este martes la suspensión de las reglas fiscales para este año y el que viene y de la senda de estabilidad a la que no sustituyen unos nuevos objetivos presupuestarios. La ministra Montero afirmó que el diseño del techo de gasto sin que vaya acompañado de una senda de estabilidad «no significa la renuncia a la estabilidad presupuestaria». «Se suspenden las reglas fiscales, pero no la responsabilidad fiscal del gobierno ni de las administraciones públicas», aseguró la ministra de Hacienda.

Montero también explicó que someterá al Congreso de los Diputados la votación de si las circunstancias justifican la suspensión de las reglas fiscales, supuesto que incluye la Constitución para hacer frente a situaciones excepcionales, como una pandemia.