El Gobierno aprueba el PERTE agroalimentario con 1.000 millones de euros

La fecha elegida para el inicio de este PERTE coincide con la semana en la que se desarrollan las elecciones autonómicas en Castilla y León, una región eminentemente rural y con una parte de su economía ligada al campo. Y, sobre todo, después de polémicas como la de las macrogranjas y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, acerca de la necesidad de regular el sector.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado este martes que se trata de un plan dirigido a un sector «estratégico» para España y ha destacado que hoy es «un gran día» porque es «uno de los grandes pilares» junto a la Política Agraria Común (PAC), la ley de la cadena alimentaria, el regadio sostenible y los seguros agrarios. El PERTE agroalimentario se concibe para mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad del sector agroalimentario.

Este sector contribuye con casi un 10% al PIB y está conformado, en su mayor parte, por pequeñas y medianas empresas. Un 96% de las más de 30.500 empresas son pymes.

Sin embargo, para el Partido Popular, este plan estratégico supone «una afrenta y un insulto» al sector agroalimentario, según explica la diputada del PP, Milagros Marcos. Según sus cálculos, de los 1.000 millones anunciados este martes por el Ejecutivo «apenas 150 millones son realmente nuevas ayudas directas» al sector. El resto se trata de «créditos, que ya tienen gracias a la PAC y avalados por las comunidades autónomas», o convocatorias de digitalización «destinadas para todos los sectores productivos».

Dentro del Plan de Recuperación, el Gobierno había diseñado siete grandes líneas de actuación. A la agroalimentaria se unen otras desarrolladas y autorizadas por el Consejo de Ministros, como el PERTE de energías renovables e hidrógeno y almacenamiento; el de salud para la vanguardia; y el del vehículo eléctrico y conectado. Quedan por aprobar el de la economía de la lengua y el PERTE aeroespacial.