La subida de impuestos a los ricos quedará acotada a 100.000 contribuyentes

El acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos fijaba en 130.000 euros la cantidad anual a partir de la cual la Renta se incrementaría en dos puntos porcentuales, y cuatro para la parte que excediera de 300.000 euros. Sin embargo, Hacienda prevé elevar esas cuantías ante la situación por la que atraviesa la economía, impactada por el coronavirus y la parálisis de actividad. Fuentes de la negociación apuntan que el alza de impuestos podría afectar a quienes ingresen más de 300.000 euros. Es el cálculo en el que se habría basado Hacienda para elaborar el Plan Presupuestario remitido a la Comisión Europea la semana pasada. En ese documento, el Ejecutivo anunciaba un ingreso adicional de 550 millones en «impuestos directos» sin especificar cuáles. Para llegar a esa cifra de recaudación, el departamento dirigido por María Jesús Montero ha trabajado en una subida del IRPF a partir de los 300.000 euros que ahora ha puesto encima de la mesa de la negociación presupuestaria.

Aunque no será hasta el último momento cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente, Pablo Iglesias, definan esas horquillas, en el partido morado apuntan el objetivo de que sean los sueldos superiores a los 200.000 euros los que asuman un alza del IRPF a partir de 2021.

En cualquier caso, el número de contribuyentes afectados será menor a los 94.500 que declaran rentas por encima de los 150.000 euros anuales, la única estadística desagregada que ofrece la Agencia Tributaria por niveles de rentas.

El colectivo de ciudadanos que componen el grueso de la recaudación del IRPF se encuentra entre quienes declaran 21.000 a 60.000 euros (un tercio de todos los contribuyentes) frente a apenas un 4% del total que obtienen ingresos por más de 60.000 euros, según la Agencia Tributaria.

 La otra figura sobre la que se quiere actuar es el Impuesto de Patrimonio, aunque en el Gobierno son conscientes de la dificultad normativa que ello implicaría. Se trata de un tributo cedido a las comunidades autónomas, que pueden bonificarlo casi en su totalidad, como ocurre en varias regiones como Madrid. En realidad, el incremento de la recaudación prevista por el Gobierno en las nuevas cuentas públicas -casi 7.000 millones, según el documento remitido a la UE- llegará más por la vía de los nuevos impuestos, como las tasas 'Google' y 'Tobin', el alza del diésel y otras medidas fiscales.

María Jesús Montero aclaraba este martes que no hay «escollos» en la negociación de los Presupuestos y adelantaba o que las cuentas incluirán dotación para la futura ley de vivienda y una subida del IPREM (Índice Público de Rentas de Efectos Múltiples), que sirve como límite para numerosos trámites como la concesión de ayudas. La intención del Gobierno es aprobar el proyecto, que está «prácticamente ultimado», el martes. Esto implica que aún hay unos «días» para resolver «algún fleco pendiente», como la cuestión del IPREM, que ha adelantado que va a subir.

Respecto a la regulación del alquiler, otra de esas divergencias a superar, Montero ha señalado que el Ministerio de Transporte está trabajando en el proyecto de ley de vivienda que abordará esta materia y que será esta normativa la que plasme las medidas, aunque las cuentas incluirán las partidas necesarias para sufragar «las primeras acciones».

En cualquier caso, la ministra ha celebrado el «altísimo grado de consenso» logrado con Unidas Podemos respecto a las medidas incluidas en las cuentas y se ha mostrado convencida de que se van a saldar con «un acuerdo muy importante».

Además, ha señalado que esta semana «decisiva» mantendrá un «diálogo intenso» con las formaciones políticas dispuestas a negociar y ha mostrado su deseo de lograr «unidad» en el Congreso de los Diputados respecto a las cuentas. El objetivo es que los primeros Presupuestos desde 2018 estén en vigor a lo largo del mes de enero de 2021.