La AIReF pide revisar las desgravaciones de los planes de pensiones privados

Así, el organismo pide «reformular completamente» la deducción en el IRPF de la aportación a planes de pensiones privados, ya que cada año le cuesta al estado 1.643 millones de euros con 2,5 millones de declarantes. La AIReF da un varapablo a este instrumento ya que su análisis concluye que no logra elevar el ahorro de las rentas altas, que son quienes utilizan este beneficio fiscal. Aseguran que no es un mecanismo atractivo para ellas teniendo en cuenta los impuestos a pagar en el momento de la jubilación y las comisiones de estos planes. Sin embargo, supondrían un ahorro para las rentas bajas, pero éstas no suelen hacer uso de un plan de pensiones privado precisamente porque no tienen capacidad de ahorro.

De esta forma, la Autoridad Fiscal plantea su reformulación total de manera coherente con las recomendaciones que se acuerden en el Pacto de Toledo sobre ahorro complementario a largo plazo, pero no habla de eliminarla.

Algo que sí sugiere en el caso de la tributación conjunta del IRPF que, según sus cálculos, supone una pérdida recaudatoria de 2.400 millones al año, pero tiene un «impacto negativo» sobre las mujeres, a pesar de conseguir su objetivo de beneficiar a los hogares que solo tienen un perceptor de rentas. Hacer la declaración de la renta de forma conjunta «desincentiva la participación laboral de las mujeres», señala el informe, ya que las segundas rentas suelen ser de ellas, por lo que propone acelerar su desaparición.

En cuanto a los tipos reducidos de IVA (del 4% y el 10% en lugar del 21% general), el estudio de la AIReF calcula que suponen dejar de recaudar unos 18.000 millones de euros por parte del Estado. Están diseñados para facilitar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, pero concluyen que no lo hacen de la forma más eficiente posible desde el punto de vista distributivo. Y es que de esos casi 18.000 millones de pérdida recaudatoria, el 61% corresponde a beneficiarios de rentas altas, mientras que solo el 39% son rentas media-baja y bajas (hasta 20.800 euros brutos al año por persona).

Por ello, la AIReF propone replantear los tipos reducidos para mejorar la eficiencia distributiva del impuesto. Eso sí, desde el organismo consideran que ahora no es el momento para no perjudicar a los hogares de rentas más bajas, pero que habría que pensar en ello para que en la estrategia de salida de la crisis haya medidas de ingresos que garanticen la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Los tipos reducidos de IVA incluyen productos de primera necesidad, como el pan, la leche o las frutas, pero también otros más asociados al ocio y la cultura. Eso supone que población de renta media-alta y alta está beneficiándose de un tipo reducido de IVA por encima de las más bajas, que no suelen acudir a actividades culturales con tanta frecuencia. Así, la AIReF ha analizado que en los restaurantes, transporte, hostelería, libros y paquetes turísticos, más del 70% del beneficio fiscal se lo llevan las rentas de más de 40.000 euros al año.

A nivel europeo, la proporción del gasto a tipos reducidos de IVA es mayor en España, con un 33% del total, mientras que en Alemania se queda en el 18%. Además, la recaudación total por IVA por el consumo de los hogares es más baja en España (11,1%) que en la media de la eurozona (14%).

En la reducción por alquiler de vivienda en el IRPF, la AIReF considera que esta ayuda sí genera un incentivo a al oferta ya que muchos propietarios han sacado al mercado sus casas vacías para lograr ingresos y desgravarlo en el IRPF. Sin embargo, el organismo propone rediseñar este beneficio fiscal, que tiene un coste para las arcas públicas de 1.039 millones, para que se destine a los propietarios que alquilen su casa a los colectivos más vulnerables.

Y en cuanto a las Sicav (sociedades de inversión de capital variable), que tributan únicamente el 1% en el Impuesto de Sociedades, la AIReF pone en duda la naturaleza colectiva de la inversión a través de ellas y analiza el coste para el Estado: 323 millones al año. Por ello, aconseja endurecer los requisitos para que las acciones de la sociedad no se concentren en un número reducido de accionistas.