La oposición de PP y Cs a la 'tasa Google' del Gobierno debilita su futuro

En el caso del PP por la forma, aunque no en el fondo. El gabinete del exministro Cristóbal Montoro propuso un gravamen a las tecnológicas muy similar al de la ministra María Jesús Montero, pero en estos momentos están en desacuerdo con la propuesta socialista porque genera «falta de competitividad» para las pymes españolas, como ha lamentado el ponente del PP durante la jornada 'Marco Tributario del Sector Digital' organizada por la patronal tecnológica DigitalES.

Aunque el texto del proyecto de ley de la 'tasa Google' excluye a las empresas que facturen menos de 3 millones de euros en España y 750 millones a nivel global, Jaime de Olano, portavoz en la Comisión de Hacienda en el Congreso del PP, explica que la propuesta de Montero «no va en consonancia con la de la UE», además de que «lo más conveniente» sería hacerlo en el marco de la OCDE, con más consenso. «Lo más sensato es no aplicarlo unilateralmente porque se pierde la competitividad, sobre todo perjudica a las pymes, y ralentizará el ritmo inversor», explica Del Olmo.

Aunque el portavoz del PSOE ha lamentado que el proyecto no vaya a ver «por ahora» la luz y emplaza al futuro para continuar con esta propuesta, Ciudadanos va un paso más allá que el PP en su oposición. Su portavoz en la Comisión de Hacienda en el Congreso, Francisco de la Torre, admite que la falta de tributación de las grandes tecnológicas es un «problema global» porque «las empresas que más dinero ganan en el mundo son las que menos impuestos están pagando».

A pesar de ello, como el consenso que había en la UE ahora se ha diluido, opina que crear en España nuestra propia norma perjudicaría la competitividad de las empresas nacionales. «No vamos a proponer una tasa de este estilo en nuestro programa electoral», adelanta De la Torre. Explica además que los hechos imponibles para gravar a las grandes compañías con este impuesto son «insólitos», como en el caso de la venta de datos porque supone «tributar por algo que está legalmente prohibido».

Por parte de los expertos reunidos en la jornada, José Ignacio Box, socio del departamento fiscal de Deloitte recuerda que la OCDE es un conjunto de 127 países ponerles de acuerdo a todos para cambiar las reglas del juego de la fiscalidad internacional es «tremendamente difícil». «Es un impuesto muy complejo para poner en común por los intereses geoestratégicos que comporta», explica.

El socio del departamento de derecho tributario de Garrigues, Eduardo Gardeta, recuerda que en el proyecto del Gobierno no fue posible establecer qué efectos tenía este proyecto de ley sobre la competitividad y lamenta que el impuesto gravaba en gran medida a las empresas de telecomunicaciones. «Estas empresas requieren un esfuerzo inversor enorme para el despliegue del 5G y fomentar la conectividad de todo el territorio nacional», por lo que sumar más impuestos a estas compañías puede perjudicar este punto.

Por ello, desde el lado de las empresas de telecomunicaciones, han criticado la sobrerregulación del sector. La directora fiscal de Orange, María del Olmo, ha criticado que con la 'tasa Google' se pretende resolver una situación de discriminación generando una situación de «súper discriminación». Opina que la regulación se ha hecho «deprisa» ya que no vale con pensar que hay una propuesta comunitaria. «La UE se ha equivocado en esto, tendrían que haber ido todos los países de la mano».

La cara amable respecto al impuesto la puso el responsable de asesoría fiscal de Telefónica, Álvaro Rico, que asegura que aunque el impuesto digital está parado tras la convocatoria de elecciones generales, es una «buena forma de ir poco a poco» consiguiendo que todo el ecosistema digital contribuya al sector con su tributación.