La OCDE confirma que el impuesto a las multinacionales se retrasará a 2024

«Se trata de negociaciones complejas y muy técnicas en relación con algunos conceptos nuevos que reforman fundamentalmente los acuerdos fiscales internacionales, para hacerlos más justos y funcionar mejor en una economía mundial cada vez más digitalizada y globalizada», indicó el secretario general de la organización, Mathias Cormann, en un informe dirigido a los ministros de Finanzas del G20 antes de la reunión que mantendrán en Indonesia este fin de semana.

El retraso en el denominado Pilar Dos del acuerdo implicaría que, hasta entonces, tampoco se implementaría el Pilar Uno, que busca asignar los ingresos obtenidos por las grandes empresas a las jurisdicciones donde se consuman los bienes o servicios vendidos. Desde el organismo aseguran que los trabajos siguen en la buena dirección, pero lo cierto es que el pacto fiscal ha pasado ya por severos obstáculos para su implementación real en los distintos países.

La pasada semana, Hungría vetó ante el Ecofin -órgano que agrupa a los ministros de Finanzas de la Unión Europea- la directiva para trasponer el acuerdo. También lo hizo Polonia meses atrás, retrasando el proceso más de lo previsto.

Los Estados firmantes pretenden que la nueva fiscalidad, que fue ideada en un principio para los gigantes digitales, ayude a evitar que estas empresas sigan ejecutando complejos entramados fiscales para pagar menos impuestos con el desarrollo de su actividad, alojando de forma artificial su declaración de beneficios en las regiones en las que pagan menos tributos, si no en paraísos fiscales.

Este impuesto, según explica la OCDE, afectaría a todas las firmas con una facturación global conjunta de más de 20.000 millones de euros anuales, con una rentabilidad por encima del 10%.

Según cálculos de la OCDE, el Pilar Dos, con su impuesto mínimo del 15%, generará anualmente 150.000 millones de dólares (147.264 millones de euros) en ingresos fiscales al año en todo el mundo, mientras que el Pilar Uno reubicará 125.000 millones de dólares (122.720 millones de euros) de beneficios procedentes de las 100 mayores multinacionales del mundo.

El objetivo de los principales impulsores de esta 'revolución fiscal', entre los que se encuentra la secretaria del Tesoro estadounidense y expresidenta de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, es evitar el denominado dumping fiscal con el que las grandes multinacionales crean complejas estructuras societarias para limitar al máximo el pago de impuestos, tributando sus beneficios en los países con mayores ventajas fiscales.

El impuesto llegaría, además, en un momento clave en el que los Gobiernos necesitan mantener la mejora de la recaudación para financiar el esperado incremento del gasto provocado por la crisis energética. Según un reciente informe de Tax Justice Network, los Estados a nivel mundial dejan de ingresar 360.000 millones de euros al año por la evasión y los abusos fiscales de los grandes grupos corporativos.

En 2020, por ejemplo, la recaudación por Sociedades cayó un 27% en España, al calor de la caída de los beneficios empresariales durante la crisis, hasta apenas superar los 17.000 millones de euros. La cifra superaba los 44.000 millones en 2007.